Las pruebas que tiene el Ministerio Público contra implicados en Operación Medusa

Videos y audios de reuniones y otras actividades, informaciones telefónicas, copias de documentos, incluidos cheques, y un amplio listado de pruebas testimoniales estructuran el “blindaje” que dice el Ministerio Público haber dado al expediente acusatorio contra los más de 40 vinculados en la Operación Medusa.

Las pruebas testimoniales constituyen el principal soporte contra la que han denominado una red criminal que cometió corrupción administrativa y cuya figura principal o cabecilla, atribuyen al exprocurador Jean Alain Rodríguez.

Rafael Canó Sacco, quien fue el jefe de Gabinete del Procurador durante la gestión de Rodríguez, encabeza la lista de los 441 nombres que conforman las pruebas testimoniales, y con él, los acusadores pretenden probar  “la forma en la que desde el inicio de la gestión del acusado Jean Alain Rodríguez, operó la estructura criminal dirigida por él, en coalición de funcionarios con los acusados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Rafael Antonio Mercedes Marte y compartes”.

La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa también demostraría la participación de cada uno de ellos en el uso de fondos del Estado dentro del movimiento político Renovación, “que era el proyecto político usado por el acusado Jean Alain Rodríguez para encausar sus aspiraciones presidenciales”

Pero muchos otros testimonios se destacan. Por ejemplo, un chofer que, según el expediente trabajaba para del acusado Alexander Solano Augusto y que “en varias ocasiones” fue enviado por éste “a sucursales del Banco de Reservas a llevar personas para recoger el dinero y tarjetas que éstos retiraban, que luego le entregó al acusado Alfredo Alexander Solano Augusto”. Indican además que el testigo identifica a varias de las personas que llevó al referido banco. 

También citan las declaraciones de Juan Gabriel Lora López, señalado como accionista y gerente de la empresa Ingeniería JG LORA, S.R.L., que según la acusación fue a una oficina, en el 3er piso de la Procuraduría, “donde es recibido por Jonnathan Rodríguez y Rafael Mercedes, quienes le dicen que debe pagar un 20% del total de la obra, que equivalía a DOP$ 14,000,000.00, y que debía hacerlo en tres pagos”.

En el expediente se desglosan varias certificaciones de cheques con los que, según el Ministerio Público, se demuestran los pagos de sobornos, al pasar de una cuenta de personas vinculadas a las empresas contratadas hacia personal que laboraba o que está relacionada con personal de la Procuraduría.  

Un ejemplo de eso es la copia certificada del cheque No. 00135, de fecha 1 de marzo de 2020, atribuido a la cuenta de la empresa DisplaySmart Ramírez, SRL, a nombre del señor Ramón Lucrecio Burgos Acosta, por el monto de RD$13,500,000. 

Con el documento la Pepca busca demostrar que “desde la cuenta No. 12000001158, del Banco Santa Cruz, de la empresa Displaysmart Ramírez, SRL, representada por el señor Ulises Francisco Ramírez Fondeur, se pagó sobornos al acusado Ramón Lucrecio Burgos Acosta, y a otros funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la República, por el monto de trece millones quinientos mil pesos dominicanos (RD$13,500,000.00)”

USB con videos y conversaciones

En el expediente del caso Medusa se describen cientos de documentos con os que cuenta el Ministerio Público para demostrar sus imputaciones. Los videos son algunos de ellos. 

Uno de ellos se refiere al contenido de un USB que el señor Pablo Manuel Rosado Castillo, habría entregado al Ministerio Público y que consiste en “una foto y un video de las cajas y botellas de las bebidas alcohólicas, Brugal blanco, encontradas por este en la entrada del almacén, ubicado en el sótano del edificio sede de la Procuraduría General de la República, estableciendo que dicha foto y video fueron tomados por él mismo en fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020)”. 

Citan también un “video de la reunión sostenida entre Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Ulises Francisco Ramírez Fondeur y Johannatan Loanders Medina Reyes, frente a la Procuraduría General de la República, en donde se observa la entrega de un documento, específicamente un certificado de título de la propiedad inmobiliaria”.

Refieren otra memoria USB entregada por Peter Alexander Benítez Hernández, la que contiene, según detallan, imágenes y videos tomadas por el mismo, “de la reunión sostenida por los investigados Ramón Burgos Acosta, Ulises Fundeur y Jonathan Loanders, como sustento de sus declaraciones ofrecidas al Ministerio Público, respecto a los hechos que se investigan sobre pagos de sobornos por parte de Ulises Fundeur al Señor Ramón Burgos Acosta y Jonathan Loanders”. 

Citan una memoria entregada por el señor Rafael Samuel Sena De Jesús que, dicen, contiene “conversaciones por medio de una red social, imágenes, pagos detallados en una hoja de cálculo del programa Excel, audios, que se escuchan las narraciones de personas relacionadas con este proceso y de otras hablando sobre sumas de dinero y acusaciones; videos, se observan a personas relacionadas con este proceso reunidos frente a la sede de la Procuraduría General de la República y uno de ellos con documentos en manos”

La Pepca refiere además las actas de entrega voluntaria, entre ellas, de parte de la señora de Patricia Nathalie Elmúdesi García, que les habría entregado varios documentos, entre ellos un listado con los nombres de las personas que “laboraban en la gestión de redes sociales de la Procuraduría General de la República, en la Plaza Fernández, en Piantini, está en la Avenida Winston Churchill.  También “una hoja titulada: “Proyección compras y recarga Sim” que contiene la información de cómo se crearon y funcionaban las cuentas falsas creadas con recursos de la Procuraduría General de la República sustraído de manera fraudulenta”.

La Pepca dice contar con un informe pericial del teléfono celular que –dice- le entregó el señor Rafael Samuel Sena De Jesús, y que, según detallan, entre las informaciones almacenadas que le extrajeron están “las conversaciones de Whatsapp con los contactos del acusado Johannathan Loanders Medina Reyes, (829-515-1802), Ulises Francisco Ramírez Fondeur (809-979-0205), Rafael Canó (809-815-6071), con el acusado Ramón Lucrecio Burgos Acosta (809-399-2660), y Peter Alexander Benítez (829-761-2187)”.