Perú: escándalo acorrala a fiscal general y oposición

Hace seis meses, cuando la difusión de un conjunto de audios desató un escándalo de corrupción en Perú, pocos imaginaban que aquello sería el inicio de la caída del entonces poderoso partido opositor de Keiko Fujimori y de su aliado, el exmandatario Alan García.

Aunque el nombre que más ha resonado esta semana es el del fiscal general, Pedro Chávarry --por tratar de remover de sus cargos a dos investigadores del caso Odebrecht--, el origen de la actual tensión política en el país estuvo en aquellas grabaciones.

Los audios difundidos por el portal peruano de investigación IDL-Reporteros mostraron cómo magistrados y empresarios torcían sin escrúpulos la justicia para ascender en la pirámide del sistema judicial. Las grabaciones también exhibieron cómo César Hinostroza, el juez de la Corte Suprema que negociaba casos de violaciones sexuales de menores, buscaba reunirse con una misteriosa “señora K”. Un colaborador cercano a Hinostroza confesó luego que se trataba de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y lideresa opositora que en marzo obligó a renunciar al entonces mandatario, Pedro Pablo Kuczysnki, por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Hinostroza iba a revisar y podía anular una incómoda investigación fiscal sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Fujimori en 2011. Por el escándalo, la indagación pasó a otros magistrados y alertó a la prensa. En la víspera del día de los muertos, un juez envió por 36 meses a la cárcel a Fujimori, de 42 años, mientras es investigada por supuestamente lavar 1,2 millones de Odebrecht en un acto sin precedentes que deterioró su imagen de intocable.

Francisco Durand, estudioso de la corrupción y profesor de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo a The Associated Press que Fujimori ha perdido su capacidad de influencia sobre sus simpatizantes, quienes mantenían “una especie de encantamiento” con su familia tras la derrota del grupo terrorista Sendero Luminoso y de la hiperinflación durante el gobierno de su padre en la década de 1990.

La difusión de los audios en julio pasado también reveló que el fiscal general Chávarry había coordinado en secreto con Hinostroza la destitución de un magistrado incómodo. Una fiscal de menor rango que investigaba el crimen organizado acusó en un informe a Hinostroza como el cabecilla de la red de magistrados corruptos e incluyó a Chávarry como integrante. También se descubrió que el fiscal general no logró el puntaje para acceder a su cargo pero que ayudado por su red lo había logrado.

Después llovieron cuestionamientos al fiscal general: miembros del Ministerio Público de remotas regiones firmaron memoriales pidiendo su renuncia y decenas de marchas se produjeron para pedir su salida, pero Chávarry seguía impertérrito en su cargo porque tenía la protección del partido de Keiko y del expresidente Alan García, investigado por recibir 100.000 dólares de Odebrecht de un fondo usado exclusivamente para sobornar a los políticos en América Latina.

La rabia de los peruanos

Los audios provocaron la rabia de los peruanos y animaron al presidente Martín Vizcarra a iniciar una cruzada anticorrupción que le ha generado 66% de aprobación mientras que Keiko y Alan García se disputan el título del político más corrupto de Perú, según encuestas.

Vizcarra --quien enfrentó la inmensa desconfianza de su país al inicio de su gestión-- consolidó su poder cuando en un referendo realizado en diciembre logró que se prohíba la reelección inmediata de parlamentarios, lo que se interpretó como un castigo al partido de Fujimori.

El presidente volvió a mostrarse implacable este miércoles, cuando tras días de tensiones provocadas por Chávarry pidió su remoción al Congreso.

Los dos fiscales de los que Chávarry intentó deshacerse --Rafael Vela, coordinador del equipo del caso Odebrecht, y José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko Fujimori y al expresidente García-- se han convertido en figuras populares para los peruanos. A inicios de diciembre, ambos lograron un acuerdo con Odebrecht para que la empresa entregue pruebas que podrían ser demoledoras para García y Fujimori. Entre los documentos de la constructora también podría haber elementos que perjudiquen a otros tres expresidentes peruanos y a más políticos.

Los roces entre Chávarry y los dos fiscales se mantuvieron por días. Todo escaló hasta que la noche del lunes, a cuatro horas del Año Nuevo, el fiscal general destituyó a Pérez y Vela, lo que desató varias manifestaciones en las principales ciudades de Perú. Ante la presión, Chávarry repuso 48 horas después a los fiscales, pero perdió el apoyo del partido de Fujimori y García.

El martes, desde la cárcel, Keiko pidió apoyar el proyecto presentado por Vizcarra para destituir a Chávarry y declarar en emergencia al Ministerio Público, mientras que el partido de García anunció que el fiscal general debe renunciar.

Chávarry, de 67 años, ha quedado aislado y sin defensa política. En las redes sociales los peruanos afirman que “huele a flores”, en referencia a que está acabado como máximo jefe de la fiscalía.