Continúan discusiones por sentencia del Tribunal Constitucional

SANTO DOMINGO. La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), que establece que los hijos de extranjeros en tránsito que nazcan en la República Dominicana, están privados del derecho a la nacionalidad, sigue originando fuertes debates a nivel nacional e internacional.

El gobierno haitiano fijó su posición a través de la Cancillería, mientras que juristas locales criticaron el fallo.

La Cancillería haitiana dice que esa nación "disiente en términos enérgicos" con la decisión del TC, que anula la ciudadanía de hijos de migrantes haitianos en el país. Asimismo, refirió que había llamado a consulta a su embajador ante la República Dominicana, Fritz Cinéas.

"El Ministerio de Relaciones Internacionales lamenta profundamente que haitianos y sus descendientes dominicanos que han contribuido significativamente al actual progreso de la República Dominicana por su trabajo y sacrificio sean ahora tratados como extranjeros en tránsito", señaló en un comunicado la Cancillería.

Argumenta que esta decisión podría afectar a aproximadamente 300,000 personas, en su mayoría nacidas dominicanas de ascendencia haitiana.

El ministerio haitiano de Relaciones Exteriores aseveró que la decisión de la corte viola varias leyes y acuerdos internacionales, incluida una determinación de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además instó a las autoridades dominicanas a abordar de una "manera objetiva y justa" el papel de los dominicanos descendientes de haitianos.

En ese orden, el experto en Derecho Constitucional, Eduardo Jorge Prats, declaró que todos los haitianos nacidos de padres ilegales en el país, tienen derecho a la doble nacionalidad.

Entrevistado en el programa "Encuentro Extra" con Cristhian Jiménez, estimó que la sentencia contraviene los preceptos de la Constitución del 2010.

"...Es una sentencia que no responde a lo que debe ser una interpretación constitucional constitucionalmente adecuada a la Constitución del 2010, que tiene constitucionalidad de cuáles son los principios para interpretarla a ella misma", consideró.

Mientras que el jurista Cristóbal Rodríguez entiende que el país tiene una condena "inevitable" de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con una sentencia de esa naturaleza.

"Es una sentencia que incurre en muchas contradicciones. Se está haciendo una aplicación retroactiva de la ley, y se está con eso creando un clima de inseguridad jurídica".

Criticó que en la sentencia haya una "valoración inaceptable del Estado de derecho", donde se quiere diferenciar el estar en tránsito y ser transeúnte.

El abogado constitucionalista Nassef Perdomo expresó que con esa sentencia, el Tribunal Constitucional negó su esencia y el motivo por el cual fue creado. "No entiendo cómo ignoraron temas básicos de la Constitución dominicana, como la prohibición del efecto retroactivo. El Tribunal ignoró el mando constitucional que dice que tiene que interpretar y aplicar la Constitución, a favor del derecho de las personas", indicó Perdomo.

Coincidió con Rodríguez en el sentido de que la decisión sienta las bases para una condena del Estado Dominicano ante la CIDH.