Sobornos de Odebrecht en el banquillo de los acusados

“La ruta crítica del proceso de investigación la marcó el reconocimiento concreto de ODEBRECHT, S.A., ante autoridades extranjeras de que entre los años 2001 y 2014 pagó sobornos en distintos países, incluida la República Dominicana, en algunos casos a través de intermediarios y funcionarios, y en algunos casos de forma directa; todo lo cual quedó plasmado en el denominado “Acuerdo de Lenidad” suscrito el 21 de diciembre de 2016 entre ODEBRECHT, S.A., el Ministerio Público Federal de Brasil, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y la Procuraduría General de Suiza, en el cual ODEBRECHT, S.A., asumió el compromiso, primero de reconocer su responsabilidad por la violación de varios tipos penales (...), y segundo suministrar información conducente a identificar las personas que recibieron los sobornos...” Acuerdo entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, marzo 16, 2017

La sociedad dominicana ha sido sacudida por el sometimiento a la justicia de un grupo de catorce personas –principalmente, un ministro, exfuncionarios, legisladores, y particulares- supuestamente vinculadas con los sobornos que la empresa Odebrecht pagó en nuestro país para agenciarse la bendición oficial y lograr la participación sobrevaluada en importantes proyectos de infraestructura. Es un expediente que se ha manejado dentro de los límites de las delaciones premiadas de ejecutivos y exejecutivos de Odebrecht, que al parecer ha contado con muy poco valor agregado por parte del esfuerzo de la justicia local. Los sobornos son una parte de la historia; la otra parte tiene que ver con las delaciones premiadas que revelaron una canalización de fondos de Odebrecht hacia las campañas políticas en diversos países, incluido el nuestro. Es un tema que no parece despertar el interés de la justicia dominicana, pero que tiene trascendental importancia para la sanidad del sistema de partidos, financiados generosamente con los fondos públicos, y que muestra la inutilidad de tener un financiamiento público a los partidos políticos sin los mecanismos efectivos de control, suficientemente rigurosos como para evitar que el dinero ilegal continúe filtrándose -a través de diferentes mecanismos- en las finanzas partidarias.

La ciudadanía está mostrando su indignación de diferentes maneras, desde la participación en las convocatorias de la Marcha Verde hasta la utilización de las redes sociales para expresar -no siempre de la mejor forma- su insatisfacción con una clase política que no tiene respuestas contundentes a las demandas de mayor transparencia en la gestión pública y en el manejo de las finanzas de sus propios partidos. Como ha sido planteado, los partidos políticos parecen estar dominados por un sistema inter partidario de complicidades. Tal como plantea la socióloga Rosario Espinal, “lo que sí está claro es que el sistema de partidos dominicanos enfrenta su peor momento; nunca ha estado tan cerca del colapso.” Es una conclusión que mueve a una gran preocupación, pues si los partidos mayoritarios no se someten a procesos renovadores de sus liderazgos el futuro del país enfrentaría una suerte de lotería: cualquier camino es posible. Y la incertidumbre generalizada podría traducirse en una desconfianza acerca de la viabilidad económica y política de la nación dominicana.

No es una argumentación capciosa. Muchos dominicanos, ante la imagen de desmoronamiento moral que se configura a partir del destape de Odebrecht, se preguntan cuál es el sentido de pagar impuestos si esos recursos pueden terminar financiando proyectos sobrevaluados para engrosar las cajas fuertes de muchos funcionarios públicos. Es un dilema que ha sido alimentado por la percepción de que la corrupción forma parte de un sistema deliberadamente instalado. La larga lista de escándalos de corrupción -aun sin resolverse-, en la que Odebrecht puede considerarse como un evento disruptivo, deja a los contribuyentes en la búsqueda de un ancla que sirva de soporte al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en un escenario en el que dichos contribuyentes esperan muy poco del Estado dominicano -sobre todo, en la calidad de los servicios públicos. En el fondo, la disposición al pago de los impuestos está condicionada -parcialmente- por esta reciprocidad entre lo que se entrega al Estado y la calidad de lo que se recibe en forma de servicios e infraestructuras; una relación que hasta la fecha ha sido deficitaria para los contribuyentes.

En este contexto, se pudiera afirmar que tenemos una institucionalidad disfrazada de formalidad, pero carente de una funcionalidad efectiva. Tenemos instituciones y legislaciones que muchos consideran como avanzadas, pero de funcionamiento y cumplimiento precarios. Un ejemplo de esto es la ley de compras y contrataciones, cuya aplicación parece estar más dirigida hacia los procesos menores, pero cuando se trata de casos mayores -como Odebrecht- su aplicación es discrecional. Todo esto se permea en la conciencia colectiva, dejando en la sociedad sedimentos de desconfianza e incredulidad difíciles de remover.

Los US$92 millones que Odebrecht dice que pagó en sobornos a funcionarios públicos -y que tanta alarma han causado- representan una pequeña proporción de la corrupción que cotidianamente se verifica en la esfera pública; la diferencia es que ahora los nombres provienen del exterior, lo que unido a la presión pública han hecho inevitable el sometimiento a la justicia. En la lista hay nombres que pudieran tener el beneficio de la duda, pero corresponde a la justicia -es lo que con desconfianza se espera- implementar un proceso que permita establecer la verdad de los hechos. La gran preocupación es, sin embargo, que la impunidad venga ahora disfrazada de expedientes intencionalmente mal fundamentados... Es una simple premonición.

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Pedro Silverio Alvarez