"No reconocemos" decisión de "remate" de petrolera en EEUU, dice Venezuela

La venta de Citgo está relacionada directamente con Crystallex y la expropiación en 2011 de una mina en Venezuela, sin pagarle los 1,200 millones de dólares que había dispuesto un arbitraje internacional

Delcy Rodriguez, vicepresidente de Venezuela (AFP)

El gobierno de Venezuela rechazó este miércoles la decisión judicial en Estados Unidos que permite el "remate" de Citgo, la filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA que está bajo control de la oposición.

Un tribunal del estado de Delaware autorizó el inicio del proceso para la venta de las acciones de la compañía como compensación a sus acreedores, con el aval, dictado el lunes, de la Oficina estadounidense de Control de Activos (OFAC) del

Departamento de Estado, la cual informó que no tomará medidas para bloquear cualquier operación de venta de acciones.

"La licencia 42 se pierde de vista en el contenido violatorio de las leyes de Venezuela, del derecho internacional", fustigó la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que acusó a Washington de dar "luz verde para el remate judicial de Citgo y todos sus equipos".

"No reconocemos ninguno de estos actos, son absolutamente nulos", enfatizó Rodríguez. 

"No vamos a reconocer ningún tipo de negociación, no vamos a reconocer ningún tipo de acuerdo de pago a acreedor alguno que no esté válidamente dirigido por el Estado venezolano. ¡Ya basta de burla a este pueblo!", expresó.

Estados Unidos ya había autorizado al Parlamento venezolano electo en 2105, de mayoría opositora y reconocido como última autoridad electa democráticamente, a que negocie "cualquier deuda" del gobierno o PDVSA.

"Es muy clara la licencia: agarran a estos supuestos diputados, a los que se les aplicará las leyes de Venezuela, y dicen 'ahora vayan a negociar, pero la decisión final es mía, del gobierno'", añadió Rodríguez.

El presidente socialista Nicolás Maduro condenó la medida el lunes, poco después de publicada, calificándola de  "robo". Pidió igualmente la aplicación a estos opositores de una ley de confiscación de bienes vinculados con corrupción.

El caso Citgo está directamente relacionado con la compensación a la canadiense Crystallex por la expropiación en 2011 de una mina en Venezuela, sin pagarle los 1,200 millones de dólares que había dispuesto un arbitraje internacional.

Al igual que Crystallex, muchos acreedores han intentado obtener la liquidación de sus deudas demandando a Citgo, con sede en Houston -estado de Texas (sur)- y que cuenta con tres refinerías y una red de estaciones de servicio en Estados Unidos.

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