EE.UU. denuncia la alta impunidad en Cuba, Nicaragua, Venezuela y México

Estados Unidos denunció este martes que la impunidad es el gran escollo para los derechos humanos en América Latina, al destacar que la mayoría de crímenes quedan sin investigar o se resuelven de manera ineficiente en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, Bolivia y Perú.

El Departamento de Estado publicó su informe sobre los derechos humanos en 2021, que analiza la situación en unos 198 países y territorios, aunque no en Estados Unidos, y que sirve de guía al Congreso estadounidense para determinar la ayuda exteriores de cada nación.

Las únicas dos naciones latinoamericanas citadas en la introducción del documento fueron Cuba y Nicaragua, junto con países como Rusia, China, Corea del Norte o Siria, aunque el análisis es crítico con la situación en la mayoría lugares de América Latina.

Represión en Cuba, Nicaragua Y Venezuela

En la sección dedicada a Cuba, el informe recordó que en julio pasado se produjeron "las protestas más grandes en décadas" para "exigir el fin de la represión" y afirmó que muchos manifestantes fueron arrestados y encarcelados en condiciones "crueles", mientras que otros tuvieron que exiliarse.

"Los funcionarios del Gobierno, bajo las órdenes de sus superiores, cometieron las mayores violaciones de los derechos humanos", aseveró el Departamento de Estado.

Sobre Nicaragua, EE.UU. destacó que el presidente, Daniel Ortega, mantiene un "control total" tras "adjudicarse un cuarto mandato consecutivo" en las elecciones de noviembre pasado, después de "encarcelar arbitrariamente a casi 40 figuras de la oposición".

Además, detalló que el Gobierno de Managua sigue sin investigar ni perseguir a las autoridades responsables de "los 355 asesinatos y las centenares de desapariciones" durante las protestas de 2018.

También criticó la represión contra "presos políticos" en Venezuela, pese a reconocer que el año pasado el Gobierno de Nicolás Maduro "permitió" a opositores participar en las elecciones regionales de noviembre, así como el regreso de algunos exiliados.

"A pesar de estos cambios, el régimen de Maduro siguió manteniendo a centenares de personas en prisión por motivaciones políticas e impidió que centenares de candidatos de la oposición ejercieran todos sus derechos para postularse", afirmó.

La persistente impunidad

Más allá de la represión, el informe detectó a lo largo y ancho de América Latina altos niveles de impunidad, como en México, donde "la gran mayoría de crímenes" no se investigan.

El Departamento de Estado señaló que el crimen organizado es el "principal perpetrador" de la violencia en México, aunque advirtió de que algunas autoridades son "cómplices", y lamentó la "impunidad" en los asesinatos contra periodistas.

También fue contundente en el caso de Bolivia, donde aseguró que "la aplicación ineficaz de la ley y un poder judicial corrupto llevaron a la impunidad" muchos casos de abuso.

Puso especial atención en el arresto de la expresidenta interina Jeanine Áñez, puesto que "expertos legales han detectado numerosas irregularidades" en su detención.

Mientras que en El Salvador de Nayib Bukele consideró que "la impunidad ante la corrupción permanece endémica", igual que en Perú, donde "la percepción de impunidad es una de las mayores preocupaciones".

Y sobre Argentina dijo que el año pasado hubo "numerosos reportes de corrupción", incluidas las investigaciones contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, y contra el expresidente Mauricio Macri, a la vez que lamentó que el sistema judicial está "politizado".

Trato más suave

El informe de derechos humanos del Departamento de Estado suele recibir críticas por la diferencia de trato que reciben los Gobiernos más cercanos a Washington.

El documento considera a Chile, por ejemplo, uno de los pocos países donde "el Gobierno dio pasos para investigar, perseguir y castigar a los funcionarios que cometieron abusos de los derechos humanos".

Mientras, en Colombia aplaudió que el Ejecutivo de Iván Duque implementara "con eficacia" leyes anticorrupción y la aplicación de una reforma policial con perspectiva de derechos humanos tras las protestas del año pasado.

Respecto a Brasil, el Departamento de Estado señaló que el presidente, Jair Bolsonaro, "critica frecuentemente a la prensa" y recogió la confrontación que mantiene con líderes indígenas.

Y en Ecuador citó "los actos de tortura y asesinato" perpetrados por bandas criminales durante los enfrentamientos en varias prisiones.