¿Qué está pasando en la Cámara de Cuentas?

Sería ingenuo ignorar los síntomas. Lo que está pasando en la Cámara de Cuentas no es fortuito. Las señales revelan una acción dirigida. La idea es crear una crisis artificiosa con propósitos dañinos.

Los integrantes del organismo de control externo del Estado son Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente, Elsa María Catano, vicepresidenta, Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria, y los miembros Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña. Sus posturas en el organismo no son desconocidas y conforman el siguiente cuadro:  dos miembros independientes y tres que responden a la oposición política, dentro de los cuales uno mantiene criterios “circunstanciales”.

En ese precario balance se ha desenvuelto su desempeño, confrontando tensiones y porfías episódicas. Pese a eso, el organismo ha venido haciendo su trabajo, aunque no con los deseados niveles de eficiencia. La gravitación de esos intereses ha condicionado su accionar.

La presión política arrecia y ha tomado cuerpo de trama. El objetivo no deja sospechas: obstruir o condicionar algunas auditorías o crear una situación que inhabilite al presidente o cambie la correlación de fuerzas.

Lo que ha precipitado la embestida ha sido la inminente entrega del informe de auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 bajo la gestión de Donald Guerrero. El plan político es subvertirla a cualquier precio.  Ese núcleo de intereses ha pretendido minar la investigación en contra del exfuncionario en todas las instancias.

A ese caso se le suman otros intereses que derivarían réditos colaterales de una crisis en la Cámara de Cuentas, como la auditoría financiera de la Central Termoeléctrica Punta Catalina que determinará sus costos. Las acciones judiciales emprendidas sobre el caso Odebrecht solo conciernen a una parte de los sobornos y no tocan la sobrevaluación de la planta ni las posibles responsabilidades de los consorciados. Esos sensores están igualmente activados.

Otras auditorías pendientes o en curso son las de la EDE, la de la Junta Central Electoral, así como la practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la gestión de Miguel Vargas Maldonado, entre otras.

La ansiedad es torpe y ciega. En el caso de la Cámara de Cuentas esa verdad ha tenido una inmejorable aplicación. Las acciones concertadas han sido dirigidas precisamente en contra de los integrantes independientes: Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente, y Mario Fernández Burgos, miembro.  

Con respecto al primero se ha promovido una denuncia de un presunto acoso sexual a dos abogadas del órgano; el segundo, por su parte, fue objeto de un requerimiento formal a la Cámara de Cuentas elevado por el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, Aris Yván Lorenzo Suero, para conocer “sus gastos de refrigerio”, así como los del presidente. La información solicitada nos dice qué tan bajo andan las cosas. Por otra parte, ha habido canales comunicantes muy fluidos entre algunos despachos de la Cámara de Cuentas con importantes líderes políticos de la oposición que fue gobierno y legisladores de alto nivel, quienes conocen las deliberaciones más intimas del órgano. El acoso a la Cámara de Cuentas es metódico y escalado. En esta semana se activan las redes sociales con un libreto repartido de detracción.  

Sobre la denuncia en contra del presidente no hago ninguna valoración jurídica. No me compete. La acción se sustenta en sus propios medios y evidencias, que deberán ser apreciados por el Ministerio Público. Lo que sí resulta inevitable (por no decir sintomático) es su relación con el contexto descrito, justo en el momento en el que se afirma la resistencia a las aludidas auditorías y frente a hechos que, según la propia denuncia, ocurrieron el año pasado. Un tema es negar su ocurrencia, cosa que no hago, y otra es instrumentalizarla, cosa que sí sospecho.

Tampoco es casual que la rabiosa defensa de la denuncia provenga de personas vinculadas a los centros políticos que influyen en la Cámara de Cuentas, esos que tienen auditorías pendientes en el órgano de control externo de las cuentas públicas o que quieren de alguna manera bloquear las investigaciones especiales relativas a pasadas gestiones de gobierno.  De esta manera, no debe sorprender que la misma red de periodistas, comunicadores, abogados y políticos que siempre estuvieron al servicio de esos intereses sean los que hoy mantengan viva esta “ingenua” cruzada moral en los medios. ¿Cómo no evitar la conexión? Y no es que queramos justificar una cosa por la otra, como estoy seguro de que algunos inferirán; al revés, abogo para que no se mezclen.

El momento exige la determinación de los integrantes objetados. Consentir las presiones es sumir en la crisis a la Cámara de Cuentas. Lo que se busca es una renuncia del presidente. La denuncia en contra de su presidente debe agotar todas las instancias judiciales, pero no debe forzar una dimisión hasta que una sentencia irrevocable quiebre la presunción de inocencia. Las cosas deben seguir su curso: la denuncia, sus trámites; las auditorías, su avance.

Saludo, sin embargo, el acuerdo firmado el pasado martes por todos los integrantes de la Cámara de Cuentas con el “objetivo de trabajar unidos en pro del fortalecimiento institucional y la mejora continua”. La unidad es la más poderosa arma para desarmar las pretensiones de intereses oscuros y coludidos. Una decisión que sin duda respalda la sociedad.    

No obstante, debemos estar más que advertidos. No hay ningún interés moralizante en las urdimbres políticas; eso es apariencia embustera. Lo que se busca es trastornar la gobernabilidad de la institución u obstruir las investigaciones especiales y las auditorías en curso o por realizarse. Este es un despropósito que debe ser denunciado sin reparar en las interpretaciones. Que lo sepa el país…