Haití cerró el 2022 con 857 secuestros
La ONG que hace el registro atribuye la caída a los operativos policiales y a las sanciones
Haití cerró el año pasado con el registro de 857 secuestros, lo que representa una disminución de un 15.06 % en comparación con el 2021, de acuerdo con el reporte de la Unidad de Observación de la delincuencia del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH, por sus siglas en francés)
El CARD explicó que esta reducción de los secuestros es más notoria en el último trimestre del año, que es por lo general el período que más raptos contabiliza. La organización no gubernamental citó dos eventos que pudieron haber contribuido a esta caída: los esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH) y las sanciones impuestas por Estados Unidos a políticos y empresarios.
La organización que registra los secuestros, pero no así el número de víctimas, había estimado que Haití terminaría el año pasado con al menos 1,300 debido a la tendencia que observaron ante el estallido de la violencia y las actividades de las bandas armadas en los primeros tres trimestres del 2021.
La Policía Nacional
Las operaciones de la Policía Nacional, particularmente en Croix-des-Bouquets contra la pandilla 400 Mawozo, responsable de aproximadamente el 50 % de los secuestros en el área metropolitana desde julio de 2021, han contribuido en gran medida a la reducción del fenómeno, consideró la CARDH.
Esta banda se hizo más notoria luego del rapto de 16 misioneros estadounidenses en octubre de 2021. "La mayoría de sus integrantes fueron "parados" (asesinados), otros arrestados… Esta banda estaba al borde de la desintegración. Su líder se habría refugiado en Thomazeau", explicó la organización.
En el informe se citó que el 29 de diciembre del año pasado la Policía Nacional informó que realizó 1,140 operativos, que terminaron con 149 "bandidos" muertos, 41 rehenes liberados y 93 intentos de secuestros frustrados entre Puerto Príncipe y Artibonito.
Otra razón que explicaría la reducción de los secuestros son las medidas adoptadas por el gobierno del primer ministro Ariel Henry para contener el tráfico de armas y municiones, así como el contrabando.
Adicional a eso, el puerto marítimo de Port-de-Paix, al norte del país y según la organización un punto de acceso para el tráfico de armas y municiones y el contrabando y similares, se cerró después del último escándalo relacionado con los barcos Miss Lilie One y El Shaddai.
El Centro apuntó que, aunque tangibles e importantes, los esfuerzos de la Policía, una fuerza vulnerable y con pocos recursos, "son insuficientes" para lograr esta reducción de los secuestros, por lo que atribuye el mayor crédito a las sanciones.
Las sanciones
En octubre, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó de forma unánime un régimen de sanciones en Haití que implica el congelamiento de activos, prohibiciones de viaje. En particular, en la resolución se designó a Jimmy Chérizier, alias Barbecue, líder delictivo más poderoso y cabeza de una alianza de pandillas haitianas, como sujeto de sanciones.
Barbecue también fue sancionada por Gran Bretaña, Suiza, Canadá y Estados Unidos; estos dos últimos países son los que más sanciones particularmente han aplicado en Haití. Las sanciones de los países norteamericanos van dirigidas a miembros de la élite política y empresarial haitiana.
Se les acusa de apoyar a las bandas armadas, por los menos en su financiamiento, y por estar supuestamente involucrados en el tráfico de armas y municiones, el contrabando, las drogas y el lavado de dinero. Sin embargo, la CARDH no alega que todos los sancionados están involucrados en el secuestro, más aún porque los regímenes de sanciones abarcan varios delitos.
La organización notó que el aumento cualitativo o cuantitativo de los secuestros suele coincidir con demandas políticas. Por ejemplo, puso como ejemplo el aumento de los raptos entre finales de los 2004 y 2006 cuando se pedía el regreso del presidente Jean-Bertrand Aristide o el incremento de este delito entre septiembre y octubre de 2021 (registrados 117 y 140 casos respectivamente) coincidiendo con la lucha contra la administración de Ariel Henry.
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