Más de 27 mil cédulas de identidad y electoral fueron canceladas en el año 2020

Por fallecimientos, suplantaciones, falsedad de datos y otras irregularidades, la Junta Central Electoral (JCE) canceló 27,348 cédulas de identidad y electoral durante el recién pasado año 2020.

Las cancelaciones que fueron conocidas por el pleno del organismo están consignadas en las actas de las sesiones y corresponde a decisiones adoptadas entre los meses de enero y diciembre.

Los números establecen que 26,905 documentos de identidad fueron inhabilitados porque sus portadores fallecieron, conforme las certificaciones de defunciones registradas en los libros de la delegación del Estado Civil del Distrito Nacional y las diferentes Oficialías Civiles de los municipios. Previo a las cancelaciones los casos fueron verificados por el Departamento de Registro Electoral y posteriormente excluidos de la lista definitiva de electores.

Por suplantación fueron liquidadas 192 cédulas tras las direcciones de Registro Electoral e Inspectoría determinar que no fueron retiradas por sus solicitantes, sino por una segunda persona.

También se detectaron y desactivaron 166 plásticos que tenían asignados dos números de cédulas de identidad generadas por error en el sistema.

Los miembros del pleno de la JCE además aprobaron la cancelación de 54 documentos de identidad y electoral emitidos con actas de nacimientos instrumentadas de manera irregular y que sirvieron de base para procesar las solicitudes.

Además se cancelaron 24 carnets, luego de verificarse que las actas de nacimientos que sirvieron de base para procesar los documentos pertenecían a personas fallecidas.

Investigaciones de la Dirección de Inspectoría sacaron a relucir 7 casos de cédulas procesadas por ciudadanos con dos declaraciones de nacimiento, lo que dio pie a su nulidad. Se determinó que los expedientes fueran conocidos por los tribunales para su posterior aprobación en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Del 2016 al 2020

Al rendir sus memorias, la Comisión de Cancelados e Inhabilitados de la JCE, informó que entre noviembre del 2016 y agosto del presente año 2020, se habían cancelado 169,497 cédulas de identidad y electoral por diversas casuísticas.

Por fallecimiento fueron 162,790; 2,702 por suplantación; 503 por usurpar datos de un fenecido; 1,716 por falsedad de datos; 1,441 por tener más de una inscripción; 190 por duplicidad en las declaraciones de nacimiento; 48 por renunciar a la nacionalidad dominicana; 102 por la anulación de residencia y 5 por error en dígito verificador.

De la sanciones

Conforme al artículo 13, de la Ley de Cédula 8-92, los que se hagan expedir más de una cédula de identidad y electoral serán condenados a las penas establecidas en el artículo 147 del Código Penal y multa de RD$3,000.00 a RD$15,000.00.

El citado artículo 147 del Código Penal refiere que: “Se castigará con la pena de tres a diez años de trabajos públicos, a cualquiera otra persona que cometa falsedad en escritura auténtica o pública, o en las de comercio y de banco, ya sea que imite o altere las escrituras o firmas, ya que estipule o inserte convenciones, disposiciones, obligaciones o descargos después de cerrados aquellos, o que adicione o altere cláusulas, declaraciones o hechos que debían recibirse o hacerse constar en dichos actos”.

En la República Dominicana en agosto del 2010, se emitió la primera sentencia de un caso con cédula obtenida con documentos irregulares. Se trató de un hombre condenado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a cumplir una pena de 8 años de prisión y pagar una indemnización a favor de la Junta Central Electoral (JCE) por los daños y perjuicios morales que ocasionó al portar dos cédulas de identidad con documentos suplantados.

El organismo electoral, a través de la Unidad de Litigios, presentó una querella y acusación por violar el artículo 148 del Código Penal Dominicano que manda reclusión en por el uso de documentos falsos y violar los artículos 7 y 13 de la Ley de Cédula 8-92. La referida disposición penal establece penas entre 3 y 10 años de prisión.