El Congreso enfrenta desafíos por códigos y leyes que están pendientes

Tras superar el reto de lograr la aprobación de la ley de Extinción de Dominio, al inicio de la próxima legislatura ordinaria, el próximo 16 de agosto, el Congreso Nacional enfrenta otros desafíos apremiantes con la aprobación de relevantes proyectos de ley, demandados por diversos sectores sociales durante años, como el Código Penal, la ley de Seguridad Social y la ley de Aguas.

En el caso del Código Penal, el tema de las tres causales para permitir el aborto ha sido una de las principales retrancas para su aprobación.

Entre los retos figura también lograr la sanción favorable, en el Senado y en la Cámara de Diputados, de los proyectos de ley de Código Civil.

Igualmente, de Hidrocarburos, de Compras y Contrataciones, de Fideicomisos, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y para fortalecer el Sistema Nacional de Control Interno y Externo a través de las reformas a las leyes que crean la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas.

Muchas de las citadas iniciativas están siendo socializadas en el marco del “Diálogo de las Reformas” que desarrolla el Consejo Económico y Social (CES) y fueron sometidas después del pasado 27 de febrero al iniciarse la pasada legislatura ordinaria.

También, hay normativas cuya aprobación constituyen mandatos constitucionales.

Otras iniciativas que están pendientes de ser aprobadas son las destinadas a reformar la ley de Acceso a la Información Pública, la Orgánica de Función Pública y Orgánica de los Ministerios.

La lista la completan los proyectos de ley de Fideicomiso Público, de Cooperativismo y de Ética de los Funcionarios Públicos.

Reto con la libertad de expresión

Tras los fuertes cuestionamientos generados ante la apresurada aprobación en el Senado del proyecto de ley que regularía la protección al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, o “Ley mordaza” el Poder Ejecutivo creó mediante el decreto No. 333-22 una comisión consultiva para revisar y actualizar las legislaciones vigentes y las que están pendientes de aprobación sobre la libertad de expresión.

Los veedores, que son periodistas y juristas, deberán evaluar la denominada “Ley Mordaza”, y la reforma a la ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

Deberían incluir en su análisis y recomendaciones los proyectos de ley sobre Publicidad del Estado y Ciberdelincuencia, que también fueron objeto de cuestionamientos por parte de diversos sectores entre los que figura la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).

El proyecto de ley de Ciberdelincuencia fue retirado el pasado 29 de junio del Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo para dar cabida a las revisiones de rigor por parte de la comisión consultiva.

El sometimiento de esa iniciativa por parte del presidente Luis Abinader fue realizado el 14 de junio del año en curso.

Un proyecto similar fue sometido por la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, pero no ha quedado claro el destino de esa iniciativa.