Jefes de Estado de Iberoamérica emiten voz de alarma por criminalidad transnacional y corrupción

Los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica dijeron que es imperativo reforzar, de forma dinámica e innovadora, la cooperación internacional para combatir el terrorismo, narcotráfico, criminalidad organizada transnacional y otros delitos conexos.

Los mandatarios, entre los que figuran el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, manifestaron su preocupación por la creciente amenaza de la delincuencia organizada transnacional y otros delitos conexos, el problema mundial de las drogas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, el lavado de dinero y la corrupción.

En la declaración conjunta hecha al finalizar la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en el Principado de Andorra, los dignatarios expresaron, además, su compromiso de combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, incluyendo los casos en los que hayan Estados directa o indirectamente involucrados, con estricto apego al derecho internacional, a las normas internacionales de protección de los derechos humanos, y el derecho internacional humanitario.

Dijeron que esos males “representan una grave amenaza para el bienestar y la seguridad de la ciudadanía, así como para el crecimiento, el desarrollo económico y, en algunos contextos, la estabilidad democrática y el Estado de derecho”.

Se comprometieron, a intensificar las políticas integrales, solidarias y efectivas de apoyo económico y social, a efectos de paliar el impacto diferenciado de la crisis sobre los grupos en situación de vulnerabilidad, que son los que históricamente están más expuestos a situaciones de desempleo, pobreza y discriminación.

“Para ello, es esencial contar con sistemas de salud y protección social universales, integrales y eficaces, con servicios públicos de calidad y mayor inversión pública, garantizando los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones iberoamericanas, y fortaleciendo la legislación nacional en materia ambiental”, refiere la declaración.

De igual manera, reafirmaron la necesidad de políticas para el fomento del trabajo decente y la incorporación en el sistema laboral de los sectores informales de la economía, prestando especial atención a las mujeres, así como a las personas jóvenes, personas mayores y a las personas con discapacidad, avanzando, de forma consensuada, hacia nuevos pactos fiscales que permitan dar sostenibilidad a todas estas respuestas.

Manifestaron que situaciones inesperadas como la crisis multidimensional provocada por el COVID-19 abren la oportunidad para formular un nuevo pacto social fundamentado en la solidaridad y la justicia social, los derechos humanos, la recuperación del crecimiento económico, el desarrollo sostenible e inclusivo, la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad, la respuesta al cambio climático, la innovación y una nueva visión del papel del Estado y de lo público.