Uruguay rechaza eventual aplicación de cláusula democrática a Venezuela en OEA
Los 34 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) sostienen este martes su sede de Washington, un debate sobre la crisis que atraviesa Venezuela.
MONTEVIDEO, Uruguay. El gobierno uruguayo, en medio de una polémica interna por su postura sobre la crisis venezolana, se manifestó contrario este martes a la eventual aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela en la OEA.
En medio de duros cuestionamientos en la interna del gobernante Frente Amplio al canciller Rodolfo Nin Novoa y al ex canciller y titular de la OEA, Luis Almagro, el actual jefe de las Relaciones Exteriores uruguayas dijo que “Uruguay considera que es inconducente la aplicación de la cláusula democrática para Venezuela”.
Los 34 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) sostienen este martes su sede de Washington, un debate sobre la crisis que atraviesa Venezuela.
Un grupo de 14 países inyectó presión la semana pasada cuando en una declaración conjunta urgió a Venezuela a liberar “presos políticos” y a fijar un calendario de elecciones.
Uruguay fue uno de los 14 firmantes de esa misiva que contó con el respaldo del ex canciller de José Mujica (2010-2015), Luis Almagro, quien fuera promovido para el cargo en la OEA por el propio ex mandatario.
En esa declaración, consideraron “urgente” que en Venezuela “se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas”.
El gobierno de Tabaré Vázquez enfrenta duras críticas desde la interna de su coalición, en particular del Partido Comunista, por su postura ante la situación que atraviesa Venezuela, donde la crisis política sigue escalando.
Precisamente, este martes, el máximo tribunal venezolano dictaminó que los parlamentarios de la Asamblea Nacional carecen de inmunidad, por estar en desacato, según un fallo que anuló un acuerdo legislativo que apoya la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país.