Colombia: Víctimas de secuestro hacen exigencias a ex-FARC

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — “Iniciamos buscando los padres, unos seres humanos de 68 años, y en este momento estamos tratando de encontrar unos esqueletos”.

Héctor Augusto Angulo ha pasado 21 años de su vida siguiendo el rastro de sus padres Gerardo Angulo y Carmenza Castañeda, secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 19 de abril del 2000.

El lunes, Angulo participó en la primera audiencia en las que las víctimas de secuestro reaccionaron ante el reconocimiento de la antigua cúpula de las FARC de su responsabilidad por el secuestro de más de 21.300 colombianos durante las cinco décadas en las que empuñaron las armas.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado para juzgar estos hechos tras la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano en 2016, imputó al antiguo Secretariado de las FARC en enero de este año por el crimen de guerra de toma de rehenes y crímenes de lesa humanidad como desaparición forzada, torturas y violencia sexual, todos ellos durante el secuestro.

“Las FARC en las primeras versiones colectivas (ante el tribunal de paz) reconocieron que ellos tuvieron secuestrados a mis padres, pero siguen muchos vacíos. No sabemos quién pidió el secuestro”, aseguró Angulo, quien exige “verdad y justicia” porque no hay dinero que alcance para “revivirlos”.

Angulo, como muchas víctimas en Colombia, le reclaman a los excombatientes que revelen detalles exactos del paradero de sus seres queridos y de las razones por las que fueron blanco de vejámenes.

Tras dos décadas de indagar por su cuenta, Angulo asegura que quien ordenó asesinar a sus padres después de tres meses de cautiverio es Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, otrora comandante de las FARC y actual desertor del proceso de paz.

“La JEP tiene la responsabilidad de brindarnos la verdad de lo que pasó”, añade Angulo.

Ximena Ochoa Sánchez, hija de Celmira Sánchez, quien fue secuestrada en 1989 y luego liberada, celebró que las FARC reconocieran “el sufrimiento moral de las familias”, pero pidió a la JEP indagar sobre los temas clave: los secuestrados que aún están desaparecidos y el dinero que obtuvo la guerrilla con los secuestros.

“Lo que pido encarecidamente a esta jurisdicción es que se exija la verdad completa a los máximos responsables de la política de secuestros sobre quiénes, cómo y de qué manera dispusieron de las sumas obtenidas a costa del sufrimiento, el empobrecimiento y la tortura a tantos secuestrados y sus familias”, aseguró.

El tribunal determinó que las FARC secuestró con tres propósitos: para financiar su actuar ilegal por lo cual cobraban altas sumas de dinero a los familiares; para ejercer control en la población y para forzar al Estado a intercambiar guerrilleros presos por policías o políticos secuestrados.

Los secuestrados eran sometidos a tratos denigrantes. “Llegó el momento en que amarraban a mi mamá de la cintura y la jalaban como una bestia. ¿Eso no es tortura?”, dijo Angulo, quien se enteró de lo que le ocurrió a su madre por Guillermo Cortés, un periodista que también fue secuestrado.

“La orden que les daban de buen trato se refería a mantener la vida biológica del cautivo, es decir, que no se les muera o que no lo maten, pero las condiciones de dignidad humana no se vigilaban”, dijo la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre durante la audiencia.