Inmigrantes lamentan incertidumbre judicial sobre acción ejecutiva de Obama
El Gobierno mantiene que tiene autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración
MIAMI. Activistas y defensores de los inmigrantes expresaron hoy su preocupación por la incertidumbre judicial que rodea las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama, pendientes de un tribunal de Nueva Orleans tras la demanda interpuesta por 26 gobernadores, la mayoría republicanos.
De los tres jueces que componen el tribunal, dos han sido nominados por republicanos y uno por el presidente Obama, cuyo Gobierno pidió al tribunal el viernes que elimine la medida cautelar dictada en febrero por el juez federal de Texas Andrew Hanen.
Este magistrado paralizó la acción ejecutiva de Obama apenas unas horas antes de la apertura de solicitudes para el alivio migratorio, dejando de nuevo en el aire el futuro de cerca de cinco millones de indocumentados.
Tras asistir el viernes a la sesión judicial en Nueva Orleans, Nora Sándigo lamentó hoy haber detectado en el discurso de varios políticos estadounidenses un "desprecio, desconsideración y falta de humanidad" con los inmigrantes que resulta "carente de toda sensibilidad y compasión" y, apostilló, "solo sirve para destrozar familias y hogares".
Criticó además la "arrogancia" y "hostilidad" que se palpa en los comentarios de algunos legisladores y una parte de la población cuando se habla de los inmigrantes hispanos.
Ante esta incertidumbre, Sándigo sostuvo que la única acción posible es la que descansa en el empeño de hacer llegar las voces de los inmigrantes a los tres jueces que "muy pronto emitirán su veredicto" sobre las acciones ejecutivas de Obama bloqueadas por la demanda.
En ese contexto, manifestó que la comunidad inmigrante redoblará sus esfuerzos para lograr un alivio migratorio con los dos programas en juego que protegen a los jóvenes de una posible deportación: la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) y la expansión de la Acción Diferida (DACA).
"Estamos redactando un carta que enviaremos a los jueces en la que defendemos que las acciones ejecutivas de Obama se atienen a la ley", algo que niegan los 26 estados demandantes, para los que el Gobierno viola la Constitución al usar de forma discrecional las normas migratorias en vigor.
Asimismo, se mostró convencida de que el voto latino castigará a los candidatos, ya sean republicanos o demócratas, que apuesten por políticas de corte antiinmigrante.
Ahora, se abren tres posibilidades: la primera, una resolución dentro de dos o tres semanas del tribunal de apelaciones sobre el caso, o la decisión de los jueces de fijar una fecha para seguir escuchando los argumentos de ambas partes.
También queda la opción, explicó Sándigo, de que el tribunal se inhiba y derive el caso al Tribunal Supremo de EE.UU.
El Gobierno mantiene que tiene autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración y utilizar sus recursos para los procesos de deportación, incluidos los aplazamientos de los casos de ciertos inmigrantes, como los que no suponen una amenaza para la seguridad.
En apoyo de las tesis del Gobierno se pronunció hoy la directora de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, Andrea Mercado, quien aseguró que "la comunidad inmigante va a defender los programas de Obama cueste lo que cueste".
En ese contexto, recordó que a las puertas del tribunal de Nueva Orleans se congregaron el viernes pasado cientos de personas y sus voces "retumbaron en el interior" de esta corte, al tiempo que se mostró "muy esperanzada" en que los jueces decidan "a favor de la comunidad inmigrante para que nos podamos beneficiar del programa de Obama".
Dejó claro que la movilización de la comunidad latina no solo va continuar, sino que se redoblará en los próximos días, ya que el dictamen del tribunal, precisó, "se puede hacer público cualquier día".
En opinión de Mercado, esta pugna legal no es otra cosa que un "juego político por parte de los republicanos", un juego que, dijo, le pasará factura al Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2016.
"La comunidad inmigrante necesita un alivio migratorio urgente y no se lo va a perdonar" a los candidatos republicanos en el momento decisivo.
Concluyó diciendo que los "jueces harán lo correcto, y, si no es a nuestro favor, la comunidad seguirá peleando" para desbloquear los programas DACA y DAPA, que beneficiarían a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.
Si la corte de apelaciones de Nueva Orleans rechaza el recurso del Gobierno, el caso podría llegar a la Corte Suprema, algo que puede favorecer a Obama, dado que el máximo tribunal de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
De los tres jueces que componen el tribunal, dos han sido nominados por republicanos y uno por el presidente Obama, cuyo Gobierno pidió al tribunal el viernes que elimine la medida cautelar dictada en febrero por el juez federal de Texas Andrew Hanen.
Este magistrado paralizó la acción ejecutiva de Obama apenas unas horas antes de la apertura de solicitudes para el alivio migratorio, dejando de nuevo en el aire el futuro de cerca de cinco millones de indocumentados.
Tras asistir el viernes a la sesión judicial en Nueva Orleans, Nora Sándigo lamentó hoy haber detectado en el discurso de varios políticos estadounidenses un "desprecio, desconsideración y falta de humanidad" con los inmigrantes que resulta "carente de toda sensibilidad y compasión" y, apostilló, "solo sirve para destrozar familias y hogares".
Criticó además la "arrogancia" y "hostilidad" que se palpa en los comentarios de algunos legisladores y una parte de la población cuando se habla de los inmigrantes hispanos.
Ante esta incertidumbre, Sándigo sostuvo que la única acción posible es la que descansa en el empeño de hacer llegar las voces de los inmigrantes a los tres jueces que "muy pronto emitirán su veredicto" sobre las acciones ejecutivas de Obama bloqueadas por la demanda.
En ese contexto, manifestó que la comunidad inmigrante redoblará sus esfuerzos para lograr un alivio migratorio con los dos programas en juego que protegen a los jóvenes de una posible deportación: la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) y la expansión de la Acción Diferida (DACA).
"Estamos redactando un carta que enviaremos a los jueces en la que defendemos que las acciones ejecutivas de Obama se atienen a la ley", algo que niegan los 26 estados demandantes, para los que el Gobierno viola la Constitución al usar de forma discrecional las normas migratorias en vigor.
Asimismo, se mostró convencida de que el voto latino castigará a los candidatos, ya sean republicanos o demócratas, que apuesten por políticas de corte antiinmigrante.
Ahora, se abren tres posibilidades: la primera, una resolución dentro de dos o tres semanas del tribunal de apelaciones sobre el caso, o la decisión de los jueces de fijar una fecha para seguir escuchando los argumentos de ambas partes.
También queda la opción, explicó Sándigo, de que el tribunal se inhiba y derive el caso al Tribunal Supremo de EE.UU.
El Gobierno mantiene que tiene autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración y utilizar sus recursos para los procesos de deportación, incluidos los aplazamientos de los casos de ciertos inmigrantes, como los que no suponen una amenaza para la seguridad.
En apoyo de las tesis del Gobierno se pronunció hoy la directora de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, Andrea Mercado, quien aseguró que "la comunidad inmigante va a defender los programas de Obama cueste lo que cueste".
En ese contexto, recordó que a las puertas del tribunal de Nueva Orleans se congregaron el viernes pasado cientos de personas y sus voces "retumbaron en el interior" de esta corte, al tiempo que se mostró "muy esperanzada" en que los jueces decidan "a favor de la comunidad inmigrante para que nos podamos beneficiar del programa de Obama".
Dejó claro que la movilización de la comunidad latina no solo va continuar, sino que se redoblará en los próximos días, ya que el dictamen del tribunal, precisó, "se puede hacer público cualquier día".
En opinión de Mercado, esta pugna legal no es otra cosa que un "juego político por parte de los republicanos", un juego que, dijo, le pasará factura al Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2016.
"La comunidad inmigrante necesita un alivio migratorio urgente y no se lo va a perdonar" a los candidatos republicanos en el momento decisivo.
Concluyó diciendo que los "jueces harán lo correcto, y, si no es a nuestro favor, la comunidad seguirá peleando" para desbloquear los programas DACA y DAPA, que beneficiarían a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.
Si la corte de apelaciones de Nueva Orleans rechaza el recurso del Gobierno, el caso podría llegar a la Corte Suprema, algo que puede favorecer a Obama, dado que el máximo tribunal de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
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