Cámara de Cuentas ha enviado 67 auditorías a Procuraduría para fines de investigación
Auditorias muestran incumplimientos e inobservancias a normativas y leyes de instituciones
SANTO DOMINGO. La Cámara de Cuentas de República Dominicana (CCRD) ha enviado 67 auditorías a la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) desde el 2006 hasta la fecha, para fines de investigación.
Explicó que dichas auditorias fueron enviadas luego de determinar la existencia de posibles indicios de responsabilidad penal, por el incumplimiento e inobservancia de leyes, disposiciones y normativas relativas a la contabilidad pública.
La CCRD explicó a través de un comunicado de prensa, que dichas auditorias fueron realizadas del 2006 al 2013 y fueron acompañadas de numerosas evidencias que respaldan las observaciones, disposiciones, conclusiones y recomendaciones realizadas por el Órgano de Control Externo.
Entre las leyes incumplidas gran parte de las instituciones auditadas se encuentran la de Presupuesto, Compra y Contrataciones Púbicas, de Función Pública, Libre Acceso a la Información, de Planificación e Inversión, entre otras.
De las 67 auditorías depositadas 26 pertenecen a Cabildos, 23 a instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado, 18 juntas de distritos municipales.
Industria y Comercio
En el 2006 y 2007 fueron enviadas auditorías al Ministerio Público del Ministerio de Industria y Comercio, Refinería Dominicana de Petróleo, de los ayuntamientos de Villa Elisa y San José de Ocoa; así como de las juntas municipales de San José del Puerto, Hatillo Palma y de Cana Chapetón.
Mientras que en el 2008 fue enviada una del Departamento de Pensiones y Jubilaciones de la Secretaría de Estado de Hacienda (actual ministerio).
En tanto que en el 2009 la Cámara de Cuentas envió para fines de investigación 18 informes al antiguo Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), actual PEPCA, de instituciones como la Dirección General de Migración, Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias, Academia de Ciencias de la República Dominicana; así como de los Ayuntamientos de Villa Altagracia, Los Alcarrizos, Licey al Medio, San Antonio de Guerra, Estebanía y Esperanza.
También de las Juntas de Distritos Municipales de la Victoria, Sabana Iglesia, Las Palomas, El Limón, La Canela, Cambita, El Pinar, Palmar Arriba y Hato del Yaque.
Ayuntamiento ded Santiago
En el 2010 el Órgano de Control Externo de los Recursos Públicos depositó documentos del Ayuntamiento de Santiago, del Distrito Industrial de Santo Domingo Oeste y de la Junta Municipal de San Francisco de Jacagua.
Un año más tarde la CCRD depositó al Ministerio Público nueve auditorias más correspondientes al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Lotería Nacional, Liga Municipal Dominicana, Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS-SEMMA), de los ayuntamientos de Guayacanes y San José de las Matas; así como de las Juntas Municipales del Higuerito y el Pozo.
Otras instituciones que inobservaron leyes y cuyos informes fueron entregados a las autoridades en el 2012 fueron la Superintendencia de Electricidad, Dirección General de Bienes Nacionales, Autoridad Portuaria Dominicana, la Liga Municipal Dominicana y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre.
Asimismo los Hospitales Nuestra Señora de la Altagracia, Unidad de Quemados del Luis E. Aybar, Marcelino Vélez Santana y el Vinicio Calventi.
Otros informes remitidos ese año fueron de los Ayuntamientos de Santo Domingo Norte, La Vega, Santiago, Cotuí, Nagua, Los Hidalgos, de Consuelo, Jaquimeyes y Vicente Noble. Además de las Juntas de Distritos Municipales de Hato del Yaque y Cabarete.
Mientras que en 2013 fueron sometidas las auditorias de los Ayuntamientos de las Terrenas, El Guayabal, San Francisco de Macorís, Sabana Grande de Palenque, de Imbert, El Puñal y la Junta Distrital de la Entrada de Cabrera.
En el 2012 fue el año en el que la institución envió mayor cantidad de auditorías al Ministerio Público sumando 22, seguida por el 2009 y 2011, periodos en las que se depositaron 18 y 9 informes, respectivamente.
El artículo 49 de la ley 10-04 que regula la Cámara de Cuentas dice que cuando los resultados de estudios, auditorias e investigaciones practicados por los auditores de la Cámara de Cuentas se establecen indicios de responsabilidad penal, se informará al Ministerio Público, a los organismos especializados de la prevención y persecución de la corrupción; así como a las autoridades administrativas y judiciales competentes.