La OEA tiene una nueva agenda frente al problema de Venezuela
Venezuela ha acusado al organismo de estar al servicio de los intereses estadounidenses
Diario Libre
CARACAS. El próximo martes el uruguayo Luis Almagro asumirá la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con ella el problema que ha generado Venezuela a la organización, para el que tiene una "nueva agenda de diálogo".
Venezuela ha marcado la agenda del organismo desde los enfrentamientos dialécticos entre el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) y el colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), o las recurrentes acusaciones por parte del primero de injerencismo estadounidense en Venezuela.
Frente al paso marcado desde Caracas por Chávez, el secretario general saliente, José Miguel Insulza, respondió la mayoría de veces durante su década al frente del organismo con llamados al diálogo o con declaraciones pocas veces del gusto del país bolivariano.
Esta estrategia es compartida por Almagro aunque, según aseguró el día de su elección, el pasado 18 de marzo, impulsará una "nueva agenda de diálogo" entre Venezuela y la OEA.
Venezuela ha acusado al organismo en varias ocasiones de estar al servicio de los intereses estadounidenses por, entre otros motivos, tener su sede en Washington, uno de los argumentos contra los que se han topado los diversos llamados al diálogo desde la OEA durante la época de Insulza.
Además el país caribeño ha impulsado en los últimos años otros organismos de integración regional como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (Alba), foros que comulgan más con las ideas del actual Gobierno.
Sin embargo, la OEA sigue siendo el único organismo regional que reúne a todos los países del continente, con la única excepción de Cuba.
A esas entidades regionales, y no a la OEA, acudió el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuando la situación interna del país necesitó de la visita de un organismo internacional, como, por ejemplo, tras las elecciones de abril de 2013, las protestas antigubernamentales de febrero de 2014 o los posteriores diálogos con la oposición.
La propuesta de que una delegación de la OEA viajase a Venezuela para constatar directamente las quejas opositoras o de parte de la ciudadanía fueron rechazadas por el Ejecutivo y calificadas de injerencistas.
Uno de los momentos de mayor tensión tuvo lugar en marzo del año pasado cuando Panamá, a raíz de las protestas de febrero en Venezuela, solicitó a la OEA una reunión para abordar la situación, petición que llevó a Caracas a romper relaciones con el país del istmo.
Maduro tildó entonces de "moribunda" a la OEA y dirigiéndose directamente a Insulza le instó a "quedarse quieto" y rechazó la llegada de una misión del organismo al país.
En un clima de creciente tensión entre Gobierno y oposición, Insulza continuó llamando al diálogo y ofreciendo al organismo para facilitar un encuentro.
Esta reunión finalmente tuvo lugar, pero tras acordar las partes que tres cancilleres de países miembros de la Unasur y el representante del Vaticano en Venezuela fuesen los garantes.
Uno de los puntos más conflictivos de las conversaciones fue el de los opositores presos, como el líder de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, y a quien en las últimas fechas se sumó el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
López está encarcelado por supuestos delitos relacionados con las protestas de febrero de 2014 y Ledezma por formar parte de un supuesto plan golpista.
Las recientes reuniones de opositores y las esposas de López y Ledezma con Insulza y una serie de políticos que no simpatizan con el chavismo, no han sido vistas con buenos ojos por Caracas.
Diálogo, observación de las próximas legislativas o el estado de opositores presos, junto con el actual clima de tensión entre EEUU y Venezuela por las sanciones de Washington a varios funcionarios venezolanos, son las asignaturas pendientes que Insulza deja a su sucesor.
Tras ser elegido, Almagro sostuvo que la OEA está necesitada de una "renovación", una organización que él prometió dotar de "más realismo", así como impulsar una nueva "agenda de diálogo" en el caso de Venezuela.
Una estrategia que, dijo, pueda servir "para restaurar, para curar algunas heridas, y lograr las mejores condiciones que permitan la más plena vigencia, el más pleno goce de los derechos y los principios de políticas".
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, depositó aquel día la confianza de Caracas en la futura labor de Almagro.
"Sabemos que con usted podemos marcar una nueva época en esta organización, donde los pilares fundamentales de la misma, como los derechos humanos, no evidencien una utilización política ni un doble estándar en su aplicación", afirmó.
Venezuela ha marcado la agenda del organismo desde los enfrentamientos dialécticos entre el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) y el colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), o las recurrentes acusaciones por parte del primero de injerencismo estadounidense en Venezuela.
Frente al paso marcado desde Caracas por Chávez, el secretario general saliente, José Miguel Insulza, respondió la mayoría de veces durante su década al frente del organismo con llamados al diálogo o con declaraciones pocas veces del gusto del país bolivariano.
Esta estrategia es compartida por Almagro aunque, según aseguró el día de su elección, el pasado 18 de marzo, impulsará una "nueva agenda de diálogo" entre Venezuela y la OEA.
Venezuela ha acusado al organismo en varias ocasiones de estar al servicio de los intereses estadounidenses por, entre otros motivos, tener su sede en Washington, uno de los argumentos contra los que se han topado los diversos llamados al diálogo desde la OEA durante la época de Insulza.
Además el país caribeño ha impulsado en los últimos años otros organismos de integración regional como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (Alba), foros que comulgan más con las ideas del actual Gobierno.
Sin embargo, la OEA sigue siendo el único organismo regional que reúne a todos los países del continente, con la única excepción de Cuba.
A esas entidades regionales, y no a la OEA, acudió el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuando la situación interna del país necesitó de la visita de un organismo internacional, como, por ejemplo, tras las elecciones de abril de 2013, las protestas antigubernamentales de febrero de 2014 o los posteriores diálogos con la oposición.
La propuesta de que una delegación de la OEA viajase a Venezuela para constatar directamente las quejas opositoras o de parte de la ciudadanía fueron rechazadas por el Ejecutivo y calificadas de injerencistas.
Uno de los momentos de mayor tensión tuvo lugar en marzo del año pasado cuando Panamá, a raíz de las protestas de febrero en Venezuela, solicitó a la OEA una reunión para abordar la situación, petición que llevó a Caracas a romper relaciones con el país del istmo.
Maduro tildó entonces de "moribunda" a la OEA y dirigiéndose directamente a Insulza le instó a "quedarse quieto" y rechazó la llegada de una misión del organismo al país.
En un clima de creciente tensión entre Gobierno y oposición, Insulza continuó llamando al diálogo y ofreciendo al organismo para facilitar un encuentro.
Esta reunión finalmente tuvo lugar, pero tras acordar las partes que tres cancilleres de países miembros de la Unasur y el representante del Vaticano en Venezuela fuesen los garantes.
Uno de los puntos más conflictivos de las conversaciones fue el de los opositores presos, como el líder de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, y a quien en las últimas fechas se sumó el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
López está encarcelado por supuestos delitos relacionados con las protestas de febrero de 2014 y Ledezma por formar parte de un supuesto plan golpista.
Las recientes reuniones de opositores y las esposas de López y Ledezma con Insulza y una serie de políticos que no simpatizan con el chavismo, no han sido vistas con buenos ojos por Caracas.
Diálogo, observación de las próximas legislativas o el estado de opositores presos, junto con el actual clima de tensión entre EEUU y Venezuela por las sanciones de Washington a varios funcionarios venezolanos, son las asignaturas pendientes que Insulza deja a su sucesor.
Tras ser elegido, Almagro sostuvo que la OEA está necesitada de una "renovación", una organización que él prometió dotar de "más realismo", así como impulsar una nueva "agenda de diálogo" en el caso de Venezuela.
Una estrategia que, dijo, pueda servir "para restaurar, para curar algunas heridas, y lograr las mejores condiciones que permitan la más plena vigencia, el más pleno goce de los derechos y los principios de políticas".
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, depositó aquel día la confianza de Caracas en la futura labor de Almagro.
"Sabemos que con usted podemos marcar una nueva época en esta organización, donde los pilares fundamentales de la misma, como los derechos humanos, no evidencien una utilización política ni un doble estándar en su aplicación", afirmó.
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