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Operación Coral
Operación Coral

Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para implicados en Operación Coral

Yeni Berenice solicita que los envíen a Najayo y que el caso se declare complejo

El Ministerio Público pidió la noche de este miércoles prisión preventiva de 18 meses y declarar complejo el caso Coral, mediante el cual acusa a cinco personas de formar un entramado militar-policial que utilizó organizaciones religiosas para lavar fondos provenientes del Estado.

El pedimento lo hizo Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución de la Procuraduría General de República, a la jueza Kenia Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

“Están todas las condiciones para declarar el caso Coral complejo”, dijo Reynoso.

Argumentó que el Ministerio Público tiene más de 20 “tera” de información, lo que significa que necesitaría el tiempo que da la declaratoria de caso complejo para analizarlas.

Por el caso, están acusados el mayor general Adán Benoni Cáceres, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), la pastora Rossy Guzmán, al coronel Rafael Núñez de Aza, supuesto cerebro financiero del grupo y también exempleado del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); el teniente coronel Raúl Alejandro Girón; el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa); y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

La funcionaria judicial pidió que la prisión sea cumplida en el CCR Najayo, incluido los militares, porque el Ministerio Público no quiere “previlegios irritantes” y que éstos sean enviados a cárceles militares.

Se refiere al mayor general Adán Benoni Cáceres, al coronel Rafael Núñez de Aza, al teniente coronel Raúl Alejandro Girón; el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la supuesta pastora); y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Sobre el pedido de prisión preventiva para los encartados y que el caso sea declarado complejo explicó las razones del Ministerio Público, entre las que citó la eliminación de pruebas, la negatividad a entregar pruebas y fabricación de elementos para justificar ilícitos, entre otros.

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