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Estadounidense detenido en Miami habría usado red colombiana que ofrecía menores para actos sexuales

Stefan Correa enfrenta acusaciones de intento de tráfico sexual de menores e intento de viajar para involucrarse en conductas sexuales ilegales

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Estadounidense detenido en Miami habría usado red colombiana que ofrecía menores para actos sexuales
Un estadounidense fue capturado y enfrenta acusaciones criminales en Miami por usar una red de prostitución de Medellín. (SHUTTERSTOCK)

Un estadounidense que fue capturado y enfrenta acusaciones criminales en Miami habría usado una red de prostitución de Medellín liderada por colombianos para mantener relaciones sexuales con niñas menores de edad, dijo el miércoles la policía de Colombia.

Stefan Correa, de 43 años, se aprestaba a abordar un avión que iba a Bogotá cuando fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami el 18 de abril. Las autoridades estadounidenses le encontraron nueve teléfonos celulares con alrededor de 50 videos con una decena de niñas de entre 9 y 15 años.

La policía colombiana estableció que Correa habría usado una red que le "suministraba" las menores de edad en Medellín, una ciudad que vive un auge de turistas y enfrenta un aumento de casos de explotación sexual.

El coronel Edwin Urrego Pedraza, jefe de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, detalló que sería la misma red que habría ofrecido menores de edad a otro estadounidense que fue hallado el 28 de marzo en un hotel de Medellín en compañía de dos menores de edad de 12 y 13 años.

Ese hombre de 36 años proveniente de FortLauderdale, en el sur de Florida, estuvo detenido por 12 horas y luego fue dejado en libertad por las autoridades, en un procedimiento que es investigado por la Procuraduría para verificar presuntas irregularidades.

Las autoridades colombianas ordenaron su captura. "Ya fue ubicado, sabemos que se encuentra en el estado de Ohio y allí también estamos intercambiando información con la agencia HSI" del gobierno estadounidense, señaló Urrego Pedraza. HSI es la abreviación de Homeland Security Investigations, que es la división de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

En Miami, Stefan Correa enfrenta acusaciones de intento de tráfico sexual de menores e intento de viajar para involucrarse en conductas sexuales ilegales. Si es declarado culpable podría enfrentar penas de entre 15 años de prisión hasta cadena perpetua.

Correa habría viajado a Colombia unas 45 veces desde 2022.

De acuerdo con una declaración jurada de uno de los agentes que lo requisó en el aeropuerto, uno de los teléfonos tenía varios videos en los que se lo venía manteniendo relaciones sexuales con una niña de entre 12 a 14 años.

En otro de los teléfonos había videos de relacionessexuales con otra menor aún más pequeña, de entre 9 a 11 años, según el testimonio del agente que constituye parte de los fundamentos de las acusaciones presentadas por la fiscalía federal estadounidense.

En los teléfonos había también intercambios de mensajes de texto entre Correa y otra persona, aparentemente un traficante de sexo, que habrían comenzado el 16 de abril. En esos mensajes Correa preguntaba sobre la edad de las niñas que estaban disponibles, según el documento que aparece en el expediente judicial en línea. El traficante, que no es identificado por nombre, le respondió que tenían entre 11 y 12 años y Correa le dijo que prefería niñas pequeñas y delgadas.

En uno de los mensajes Correa indica que pagaría al traficante unos 300,000 pesos colombianos —equivalentes a unos 75 dólares— y la misma cifra y un teléfono celular iPhone a una de las niñas, de 11 años.

Las autoridades colombianas investigan también a un estadounidense de 57 años que habría llevado bajo engaños hasta su apartamento en Medellín a una menor de 17 años, a quien luego le habría ofrecido dinero por servicios sexuales. Un juez ordenó enviarlo a la cárcel, según informó la fiscalía el lunes.

A raíz de las denuncias en las que estarían involucrados turistas extranjeros, Medellín, la segunda ciudad de Colombia, restringió la demanda de servicios sexuales —que no están penalizados ni tampoco regulados en el país— en un intento por evitar la explotación sexual infantil.

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