Cibervigilancia de la NSA es legal, dice informe
Diario Libre
WASHINGTON. Los programas de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés)
para recoger enormes cantidades de datos de Internet en Estados Unidos se atienen a la constitución y tienen salvaguardas "razonables" para proteger los derechos de los estadounidenses, según determinó una junta independiente de privacidad y libertades civiles.
En un informe publicado el martes por la noche, la Junta de Supervisión de Libertades Civiles y Privacidad, un comité bipartisano de cinco miembros formado por el presidente, Barack Obama, respaldó en gran parte varios programas de vigilancia de la NSA que han provocado una polémica a nivel internacional desde que fueron revelados el año pasado por el ex administrador de sistemas de la NSA Edward Snowden. Sin embargo, la junta instó a que se introduzcan nuevas salvaguardas en la agencia de inteligencia interna para aumentar la protección ante el uso inadecuado de estos recursos.
Utilizando una cláusula conocida como Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978, la NSA emplea órdenes judiciales y pincha líneas de fibra óptica para registrar los datos de extranjeros que viven fuera del país cuando sus correos electrónicos, conversaciones de chat, mensajes de texto y otras comunicaciones pasan por Estados Unidos. La Sección 702 incluye el programa conocido como PRISM, con el que la NSA recoge información sobre extranjeros de Google, Facebook, Microsoft, Apple y casi cualquier otra empresa importante de tecnología del país.
Como las comunicaciones mundiales de Internet están entremezcladas en las líneas de fibra óptica y los servicios de almacenamiento en la nube (en los que la información se guarda en servidores remotos, y no en el equipo del usuario), la recogida de esa información incluye de forma inevitable las comunicaciones de estadounidenses sin conexión con el terrorismo o la inteligencia extranjera.
Desde las revelaciones de Snowden, grupos activistas han expresado su preocupación por que una agencia secreta de inteligencia esté obteniendo comunicaciones privadas de estadounidenses sin órdenes individuales. Algunos han puesto en cuestión la legalidad del programa.
La junta, formada por un juez federal demócrata, dos expertos en privacidad y dos ex cargos republicanos del departamento de Justicia, determinó que la vigilancia de la NSA es legal y razonable, y que ésta y otras agencias toman medidas para impedir el mal uso de los datos de estadounidenses.
Su apoyo a la polémica vigilancia de la NSA contrasta con su último informe en enero, en el que señaló que la recogida de registros de llamadas telefónicas internas era inconstitucional. La administración Obama discrepó, pero ha propuesto una reforma del programa poniendo fin a esa recogida de registros de la NSA.
En un informe publicado el martes por la noche, la Junta de Supervisión de Libertades Civiles y Privacidad, un comité bipartisano de cinco miembros formado por el presidente, Barack Obama, respaldó en gran parte varios programas de vigilancia de la NSA que han provocado una polémica a nivel internacional desde que fueron revelados el año pasado por el ex administrador de sistemas de la NSA Edward Snowden. Sin embargo, la junta instó a que se introduzcan nuevas salvaguardas en la agencia de inteligencia interna para aumentar la protección ante el uso inadecuado de estos recursos.
Utilizando una cláusula conocida como Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978, la NSA emplea órdenes judiciales y pincha líneas de fibra óptica para registrar los datos de extranjeros que viven fuera del país cuando sus correos electrónicos, conversaciones de chat, mensajes de texto y otras comunicaciones pasan por Estados Unidos. La Sección 702 incluye el programa conocido como PRISM, con el que la NSA recoge información sobre extranjeros de Google, Facebook, Microsoft, Apple y casi cualquier otra empresa importante de tecnología del país.
Como las comunicaciones mundiales de Internet están entremezcladas en las líneas de fibra óptica y los servicios de almacenamiento en la nube (en los que la información se guarda en servidores remotos, y no en el equipo del usuario), la recogida de esa información incluye de forma inevitable las comunicaciones de estadounidenses sin conexión con el terrorismo o la inteligencia extranjera.
Desde las revelaciones de Snowden, grupos activistas han expresado su preocupación por que una agencia secreta de inteligencia esté obteniendo comunicaciones privadas de estadounidenses sin órdenes individuales. Algunos han puesto en cuestión la legalidad del programa.
La junta, formada por un juez federal demócrata, dos expertos en privacidad y dos ex cargos republicanos del departamento de Justicia, determinó que la vigilancia de la NSA es legal y razonable, y que ésta y otras agencias toman medidas para impedir el mal uso de los datos de estadounidenses.
Su apoyo a la polémica vigilancia de la NSA contrasta con su último informe en enero, en el que señaló que la recogida de registros de llamadas telefónicas internas era inconstitucional. La administración Obama discrepó, pero ha propuesto una reforma del programa poniendo fin a esa recogida de registros de la NSA.
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