Eliminar el anticipo

La pandemia del COVID-19 ha provocado serios daños a la economía dominicana, al igual que a todas las economías del mundo. Las medidas para enfrentar el virus paralizaron o hundieron las economías de la gran mayoría de los países, incrementaron los niveles de pobreza y han provocado endeudamiento. Los gobiernos han tomado medidas y han tenido que hacer sacrificios.

La República Dominicana, cuya economía según el propio Banco Mundial logró en los últimos 25 años un período de fuerte crecimiento y entre 2015 y 2019 la tasa de incremento anual del Producto Interno Bruto (PIB) promedió un 6,1%; pero en el 2020 la caída rondó el 6%. Para poder atender la crisis sanitaria y aplicar medidas para mantener y recuperar empleos, la mayoría de los países han tenido que recurrir a los préstamos internacionales.

Con un panorama como este, en el que todo parece indicar que, pese a los grandes esfuerzos del Ministerio de Turismo y el Gobierno Central, el turismo –una de las fuentes principales de la economía- tardará por lo menos seis meses para la recuperación plena si se logra la vacunación mundial antes de abril o mayo, el país tendrá que crear condiciones y hacer mayores sacrificios para que el sector productivo nacional se reactive como alternativa para mantener y generar nuevos empleos con apertura de nuevas empresas.

Hay que pensar en medidas como la eliminación del cobro del anticipo, aunque sea de manera temporal, para que las empresas puedan iniciar el año con un respiro y las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que a marzo pasado –cuando inició la pandemia- representaban el 99% de las empresas del país, generaban 2.7 millones de empleos y aportaban el 38.6% del PIB, intenten recuperar la dinámica de producción de antes de la pandemia.

La Ley 147-00 que modificó el Código Tributario estableció el anticipo del 1.5% sobre los ingresos brutos del año fiscal de manera transitoria, por un período de tres años, según el párrafo VII del artículo 297 de esa legislación, pero luego se anunció que no se eliminaría y se ha mantenido pese a las críticas y pedidos de sectores productivos de que se elimine bajo el argumento de que les quita competitividad. Si hiciéramos una encuesta empresarial, todos los empresarios pedirían una exención de pago y lo recibirían como un incentivo para la recuperación de sus empresas.

La crisis generada por la pandemia se llevó más de 200 mil de los empleos formales, y a esto hay que agregarle los 170 mil suspendidos y los informales que han desaparecido en su mayoría con el encierro de la población y el Estado ha destinado cerca de RD$153 mil millones a los programas de asistencia para proteger la salud de los ciudadanos, preservar empleos y apoyar a los sectores productivos. Pero hay que hacer un sacrificio mayor que permita a las empresas su reactivación y la economía logre retomar su ritmo de crecimiento.

Sabemos que el anticipo al Impuesto Sobre la Renta, un impuesto odioso que se cobra sobre la base de una presunción de que habrá un margen de utilidad en función de las ventas que va realizando y que descapitaliza las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, representa buenos ingresos para el Estado, pero al mismo tiempo es una pesada carga para los sectores productivos. Ahora más que nunca se hace necesario su eliminación o suspensión temporal, porque con la crisis que han sufrido las empresas no habrá utilidad; insistir en cobrarlo sería actuar en contra de la recuperación. Se puede, el gobierno pasado lo aplicó en abril y mayo.

El Gobierno debe asumir el sacrificio y dejar exentos del pago del anticipo a las empresas, como un estímulo al empresariado nacional o parte de la estrategia para la recuperación de la economía dominicana. Necesitaremos recuperar los empleos y poner a todos los sectores productivos en movimiento para recobrar la fortaleza y los niveles de crecimiento que alcanzó la economía de la República Dominicana en las últimas dos décadas.

José María Reyes