El justo medio

En el Libro II de su obra Ética a Nicómaco Aristóteles definió el "justo medio" como el espacio de la virtud moral y la sabiduría práctica, la medida justa entre el exceso y el defecto, esto es, la moderación. Según él, situarse en el justo medio es "la manera apropiada de tomar decisiones y actuar en la vida", pues los extremos son siempre destructivos.

El presidente Danilo Medina vivió lo que podría llamarse un "momento aristotélico", al tener que lidiar con los efectos de la sentencia número 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Durante meses se enfrentó a una situación que parecía intratable, pues, por un lado, tenía que dar respuesta por razones de equidad y justicia a la situación de los grupos humanos que fueron afectados por dicha sentencia, y, por el otro, debía obedecer lo dictado por el Tribunal Constitucional, dado el carácter vinculante de sus decisiones a todos los poderes públicos y órganos estatales.

La presiones que recibió el presidente Medina fueron enormes. En un extremo estaban los que propugnaban por la naturalización de los inscritos irregularmente en el Registro Civil, quienes habían actuado bajo la presunción de que gozaban de la nacionalidad dominicana por decisión del propio Estado dominicano, mientras que en el otro extremo se encontraban los que propugnaban por el desconocimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, y que se consideraran dominicanas todas las personas que nacieron en el territorio nacional antes de la Constitución de 2010, aún si sus padres se encontraban ilegalmente en el país.

De adoptar una de estas dos posiciones, el conflicto que vivía la República Dominicana se hubiera agudizado aún más con imprevisibles consecuencias. De haber adoptado el camino de la naturalización de las personas que gozaron de la presunción de que eran dominicanas, hubiera dado lugar a una intensificación de las críticas en el plano internacional y una fuerte oposición interna, dado que la gran mayoría del pueblo dominicano favorecía que a esas personas se le restituyera la documentación que las acreditaba como nacionales dominicanos. Si, al contrario, el presidente Medina hubiera optado por alguna fórmula legal que procurara otorgarle la nacionalidad dominicana a todos los nacidos en el país de padres extranjeros en condición de ilegalidad, aún sin haber estado inscritos en el Registro Civil, dicha fórmula hubiera violado la sentencia del Tribunal Constitucional, y hubiera desatado una crisis institucional de proporciones mayores.

Guiado por su intuición inicial de que había que buscarle una "solución humanitaria" a las personas que ya estaban inscritas en el Registro Civil y habían sido afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional, posición que también respaldó el expresidente Leonel Fernández y otros líderes políticos del país, el presidente Medina mantuvo un compás que lo llevó a consultar a los más variados sectores de la sociedad dominicana y conducir un proceso que arribó en lo que él denominó una "respuesta equilibrada y responsable" a la problemática que se suscitó tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Puede decirse que se trató de una solución de sello aristotélico, es decir, de búsqueda del justo medio como vía para la superación de la polarización que se había producido en torno a esta situación.

La aprobación a unanimidad del proyecto de ley por parte de las cámaras legislativas y el amplio respaldo que recibió es una muestra de que la solución encontrada ha respondido a las expectativas del pueblo dominicano. Por supuesto, las posiciones extremas buscarán la manera de recuperar su espacio en el debate público. Unos encontrarán que la solución ha ido muy lejos e impugnarán la ley ante el Tribunal Constitucional bajo el infundado alegato que la misma viola la Constitución, mientras que otros considerarán que la solución no fue suficientemente lejos y mantendrán su campaña y acciones legales a nivel nacional e internacional como si nada hubiese cambiado en la República Dominicana.

Lo importante ahora es que contamos con una ley que contiene una solución justa y razonable, políticamente viable, respetuosa de la decisión del Tribunal Constitucional y conforme con las disposiciones de la Constitución. Es una ley que ofrece un marco normativo que resuelve de inmediato la problemática de los inscritos en el Registro Civil -el hecho que más crítica suscitó-, a la vez que ofrece una clara hoja de ruta hacia la naturalización para los no inscritos y que prueben fehacientemente haber nacido en el país.

Con el contundente respaldo que ha recibido esta ley, el Estado dominicano y todos los sectores sensatos de la sociedad deben defenderla en cualquier escenario que sea cuestionada, lo que debe ser acompañado con esfuerzos serios tendentes a la superación de las deficiencias institucionales y burocráticas del Estado en materia migratoria y de nacionalidad de las que, con toda razón, habló la propia sentencia del Tribunal Constitucional.

Flavio Darío Espinal