SANTO DOMINGO. Las órdenes de libertad bajo fianza se han convertido en una especie de festival a favor de personas que no reúnen los requisitos por la peligrosidad que representan y la reincidencia en hechos delictivos.

A esa conclusión llegaron juristas consultados acerca de los hechos en que se han visto envueltos imputados que están libres bajo garantía económica.

El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, Zacarías Payano Almánzar y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Domingo Porfirio Rojas Nina, expresaron preocupación por la situación.

Moscoso Segarra sostuvo que los jueces deben valorar que cuando el Ministerio Público pide prisión preventiva es porque el imputado representa un peligro para la sociedad.

Vidal Potentini favorece que jueces que han emitido decisiones que puedan ser cuestionadas por la gravedad de la comisión del delito, sean investigados por la Suprema Corte de Justicia y se dé un seguimiento especial a sus decisiones.

Cree que no puede haber personas, que representen un peligro para la sociedad, en las calles y le preocupa el derrotero.

Payano entiende que no hay un criterio uniforme para el otorgamiento de una garantía, porque se las otorgan a personas frente a las cuales hay inminentes peligros de fuga.

Rojas Nina dice que aunque el Código Procesal Penal faculta a los jueces adoptar seis, de siete medidas de coerción, favorables al imputado, los jueces deben observar prudencia y tacto.

"Sobre todo hurgar en las condiciones morales, sociales y hasta personales de los imputados, lo que no viene ocurriendo con mucha frecuencia en las diversas instancias del país".

De Federico Méndez Redactor Senior