Salud Pública pagó US$17 millones por contrato que quedó trunco

El Ministerio de Salud Pública inició en el año 2007 un proceso de automatización informática que pretendía modernizar el esquema de archivo de los expedientes médicos en el país.

La idea era que los récords de los pacientes estuvieran en una plataforma digital, y que los médicos, con solo indicar un comando, conocieran el historial de los padecimientos de las personas, sin importar el lugar de procedencia.

Para sus fines, Salud Pública se valió de la empresa Telvent Interactiva, un consorcio español que hasta 2012 trabajó el proceso de automatización en varios hospitales, a cambio de un contrato de US$17,665,000 (más de RD$795.9 millones a la tasa actual), que recibió sin participar en una licitación pública.

De acuerdo con las condiciones del contrato, denominado “Dotación y puesta en marcha de los sistemas de información de los Hospitales y Unidades de Atención Primaria”, Telvent debía, en un período de dos años y medio (30 meses), “establecer el sistema de gestión para la salud, una historia clínica electrónica e implantar la receta electrónica” en 360 centros de Atención Primaria, y en 20 centros de especialidades básicas del segundo nivel.

Sin embargo, los incumplimientos, con acusaciones mutuas entre el Ministerio de Salud Pública y la empresa española, que amenazó con ir a una corte internacional, hicieron fracasar el proyecto, quedando los hospitales sin la automatización por la que el Estado dominicano debió pagar como si ya estuviera vigente.

El contrato fue firmado el 23 de mayo de 2007 por el entonces ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, que contó para los fines con un poder especial del presidente de la República, Leonel Fernández; y por Adolfo Borrero Villalón, en representación de Telvent.

En los archivos del Ministerio existen copias de informes de ejecución del proyecto que destacan sus avances desde el año 2008, cuando empezó a implementarse, hasta 2011.

Pero, durante los años 2012 y 2013, el tono cambió. De esos años hay diversas cartas y documentos que reflejan quejas por atrasos en pago y en las ejecuciones; invitaciones a reuniones urgentes, y pedidos constantes de informes de ejecución.

Algunas de estas misivas las firma Rojas Gómez, pero la mayoría corresponden a su sustituto en el cargo, Lorenzo (Freddy) Hidalgo Núñez, ministro de Salud Pública desde agosto de 2012 hasta octubre de 2014.

Entre los documentos figura una comunicación de Sonia Martin, representante de la empresa, que para entonces había cambiado al nombre de Telvent Global Services, y era parte del grupo Schneider Electric.

Martin exponía al ministro Hidalgo que en cartas anteriores se “advertía sobre los graves y reiterados incumplimientos por parte de su ministerio, cuya no subsanación en plazo de 30 días, provocaría que el contrato se considerase automáticamente resuelto”.

En el archivo figuran también varios informes sobre incumplimientos que se le atribuyen a Telvent. Uno de ellos, que data del 10 de octubre de 2012, indica que el Sistema de Gestión para la Salud (TiCares, como también se le llamó al proyecto), se encontraba parcialmente implementado en 10 hospitales y un centro de Atención Primaria.

Decía que ya se le había pagado a la empresa US$6,182,750, equivalente al 35% del valor contratado, y que había facturas emitidas por otros US$7,949,250, igual al 45%, lo que sumado implicaba el 80% del contrato.

También señalaba que entre lo implementado y lo pagado, había una diferencia de US$1.6 millones a favor del Ministerio de Salud Pública.

Como recomendación planteó, similar a otras que se hicieron entonces, rescindir el contrato, entre otras cosas, porque ya se había concluido el tiempo de implementación, el pago no se correspondía con lo realizado, no se había instalado el sistema en todos los centros contratados, y el componente de la receta única ni siquiera llegó a iniciar.

También se señalaba que el Ministerio no tenía ningún tipo de control sobre el sistema que, a su vez, era muy frágil y factible de una acción unilateral de parte de la empresa. Además, cuestionaba que habiendo pagado el 35% del proyecto, Salud Pública no tenía ni una copia de la base de datos con el historial clínico de los pacientes.

Españoles se adelantan

Luego de varios plazos otorgados al Ministerio para que cumpliera con el impago, los españoles decidieron dar por terminado el contrato en diciembre de 2012, e iniciaron los trámites para demandar al país ante la Cámara de Comercio Internacional.

El Ministerio, a través de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicaciones (OPTIC), preparó un informe legal en el que se señalaba que Telvent violó el acuerdo, puesto que incumplió con el plazo establecido, y porque su administración quedó en manos de otra empresa sin que previamente notificara al Estado dominicano, pese a que el acuerdo prohibía ceder a un tercero la ejecución del proyecto.

También concluía que no era necesaria una indemnización debido a los incumplimientos.

No obstante, el Estado terminó firmando un acuerdo transaccional en el que aceptó pagar US$7.0 millones “como contraprestación por los trabajos realizados por Telvent en base al contrato”.

Con ese pago, que se haría en siete entregas entre 2013 y 2014, se daba por terminado el contrato, el Estado dominicano se comprometía a no iniciar acciones en contra de la empresa, y ésta, a su vez, a retirar su solicitud de arbitraje internacional.

Entre los documentos del caso existe una comunicación sin firma en la que funcionarios de Salud Pública señalaban que el contrato tenía varias imprecisiones que lo hacían “difícil de valorar positivamente”, y que la decisión para resolverlo era más política que técnica, tanto por lo que implicaba a nivel nacional con los hospitales, como por su “repercusión internacional, la marca país y el tema de la inseguridad jurídica”.

Tania Molina