Venezolanos movieron US$50 millones en productos sin pagar los impuestos

AEROPUERTO LAS AMÉRICAS. Ciudadanos venezolanos introdujeron a la República Dominicana, artículos de contrabando cuya comercialización les generó ganancias por más de US$50 millones y afectó al fisco con más de RD$100 millones, según consta en un expediente que involucra a comerciantes de Boca Chica en la venta de productos traídos por los extranjeros.

Entre los productos de manufactura venezolana se encuentran, rones, pastas dentales, cigarrillos, estimulantes sexuales, jabón, productos enlatados, leche, chocolates, golosinas, entre otros. Durante allanamientos, se confiscaron 16,140 cajas de cigarrillos, mientras las autoridades se incautaron de recibos por US$25 mil, correspondientes a las ventas de esos artículos en el período comprendido entre enero del 2014 hasta el 2015.

Los ciudadanos venezolanos venían al país cada fin de semana, trayendo en sus equipajes los productos que declaraban para consumo propio, como una forma de evadir impuestos. Los viajes se registraban desde enero del 2014 hasta junio del 2016.

Entre los productos incautados por la Procuraduría se encuentran rones de las marcas Santa Teresa, Cacique y Diplomático, así como cigarrillos Marlboro, pastas dentales y enjuague bucal marca Colgate, perfumes y otras mercancías.

Según consta en los registros del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), cada fin de semana, la Dirección General de Migración, y la Dirección General de Aduanas, recibían entre doscientos cincuenta y cuatrocientos venezolanos que venían al país en uno o dos vuelos en el mismo día con diferencia de horas.

Por estas evasiones y contrabandos, la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos Contra la Salud, investiga a más de una docena de comerciantes de la localidad turística de Boca Chica, quienes son acusados de estafar a los estados dominicano y venezolano, por un valor de más de RD$100 millones.

Las acusaciones fueron presentadas por el magistrado Joselito Cuevas Rivera, procurador general de Corte de Apelación de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos, quien realizó varios interrogatorios el pasado lunes a los imputados.

Los involucrados, según citaciones judiciales, fueron allanados el pasado 16 de diciembre del 2015, y el 20 de febrero del 2016, en operativos durante los cuales, la Fiscalía, en coordinación con la fuerza del orden público, ocupó cientos de productos de origen venezolano que se comercializaban, evadiendo los impuestos correspondientes.

A los acusados también se les imputa la trata de personas, debido a que según el parte jurídico existen pruebas de que los mismos traficaron con personas de origen venezolano, principalmente mujeres, quienes eran utilizadas en la prostitución.

Entre los supuestos traficantes también hay de origen italiano y dominicanos, a quienes se les ocupó cientos de paquetes de cigarrillos Marlboro, pastas dentales Colgate, leche en lata Enfamil, multivitamínico Ensure, navajas de afeitar Gillete, chocolates, botas y otros pertrechos militares, pastillas de Viagra, desodorantes Sudox, y jarabes estomacales.

De acuerdo con la citación entregada a los comerciantes acusados por el alguacil de estrado del Juzgado de Boca Chica, Manuel Luciano, todos los artículos, así como los pertrechos militares son de origen venezolano y se introdujeron al país de contrabando.

Refiere, asimismo, que fueron incautados varios documentos, carnets y tarjetas electrónicas de ayuda del gobierno de ese país, así como los verifones números 14292w122277300 y 13134w139715843. Los aparatos son propiedad de una persona que no fue identificada, y que será procesada de manera individual, de acuerdo lo informado por la Fiscalía.

Entre los involucrados hay un cabecilla que guarda prisión preventiva en el penal de La Victoria, mientras que su cómplice es perseguido por la Policía Nacional, tras ser declarado judicialmente prófugo.

Según el expediente judicial, las evasiones fiscales sobrepasan los RD$100 millones, mientras se acusa al grupo de obtener ganancias mediante el fraude superiores a los US$50 millones.

Tomás Ventura