Dictan un año de prisión preventiva para tres de los acusados de matar choferes en el Este
Manuel Antonio Vega
SAN PEDRO DE MACORÍS. La juez de atención permanente del departamento judicial de San Pedro de Macorís dispuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra tres de los acusados de supuestamente participar en la muerte de al menos cuatro choferes del sindicato de camioneros y minibuses de esta ciudad y de Hato Mayor.
Farida Abud en su dispositivo, explica que la sargento Luz Divina Martínez Pimentel cumplirá la pena en la cárcel Najayo Mujeres, mientras que Hugo Antonio Zorrilla (compañero sentimental de la sargento) cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya de La Altagracia, y Jansel Mercedes (cobrador de transporte urbano, que supuestamente ubicaba a los choferes), en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama de La Romana.
El grupo está acusado de asesinar al chofer de camiones, Germán Quezada Arredondo, y a los transportistas de pasajeros David Polanco, Gary Wilson Rodríguez y uno identificado como Thousand.
Durante la audiencia, Martínez Pimentel, quien supuestamente facilitaba el arma de fuego, pidió clemencia a la magistrada, alegando que tenía varios hijos que cuidar, y que con este caso se manchaba su imagen.
El Ministerio Público estuvo representando por el fiscal tiutlar de San Pedro, Pedro Núñez, asistido de los fiscales adjunto Carmen Mohamed, y Claudio Cordero.
A los acusados lo representaron dos defensores públicos.
La audiencia se realizó bajo un amplio dispositivo policial y se extendió por cuatro horas.
Familiares de las víctimas trataron de agredir a los acusados a su entrada al recinto del palacio de justicia de San Pedro de Macorís, pero la seguridad lo evitó. Los familiares y ciudadanos se aglomeraron en las afueras del recinto, pidiendo justicia.
Aquilino Quezada, abogado de las víctimas, denunció que en este hecho hay más implicados, y dijo que se deben atar todos los cabos, ya que hay sectores involucrados “que tienen poderes”, sin especificar ni dar más detalles. Reiteró que a cada inculpado los comerciantes de los vehículos le daban 75 mil pesos por llevarle el vehículo a Santo Domingo. Los vehículos robados luego eran llevados a la ciudad fronteriza de Jimaní, y de ahí hasta Haití.
Manuel Antonio Vega
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