Dictan un año de prisión preventiva contra militares acusados de tráfico de armas
SANTO DOMINGO. El Tribunal de Atención Permanente impuso un año de prisión como medida de coerción a seis de siete militares acusados de ingresar al país unas 220 armas de fuego de manera ilícita mientras pertenecían a la Dirección de Material Bélico del Ministerio de Defensa .
La medida fue dictada por el juez José Gregorio García contra el general de brigada de la Fuerza Aérea Dominicana Bienvenido Cordero Batista, quien se desempeñaba como director general de Material Bélico; el teniente coronel del Ejército Félix Francisco Pérez Artilles, encargado del Depósito de las Armas de Material Bélico; y del mayor del Ejército Esteban Marrero Ruiz, enlace entre la Intendencia de Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía.
También fueron enviados a prisión el capitán del Ejército Francisco Mercedes Medrano, encargado de archivo y confección de las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia de Material Bélico; el teniente de la Policía José Miguel Torres Rodríguez, encargado de las armas de fuego de la Policía Nacional que están en la Intendencia de Material Bélico, y el coronel del Ejército Pedro Manuel Guzmán Escarramán, propietario de una armería que supuestamente se encargada de introducir al país y comercializar en el mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados.
En cuanto al primer teniente del Ejército Edwin Rafael Almonte Camacho, asistente del director General de la Intendencia de Material Bélico, le fue aplazado el conocimiento de la medida de coerción, hasta que la corte disponga y le asigne un nuevo juez, debido la recusación hecha por sus abogados al juez García.
La fiscalía de Santo Domingo asegura poseer suficientes elementos de pruebas con las que demostrará en juicio de fondo la responsabilidad penal de los imputados.
El Ministerio Público le ha asignado a los hechos la calificación jurídica de violación a los Artículos 295,304 y 309 del Código Penal Dominicano.
Los imputados policías deberán permanecer recluidos en la Cárcel de Operaciones Especiales.