El Codia solicita a Obras Públicas estudio en autopista Nordeste
En últimas tres semanas murieron 17 personas en dos accidentes
SANTO DOMINGO. El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) solicitó al Ministerio de Obras Pública realizar un estudio integral a la autopista Juan Pablo II (autopista del Nordeste), ante los constantes accidentes, que aseguraron, se producen en esta vía.
El organismo gremial hace la petición luego de que una comisión técnica visitará ayer esta autopista.
En una nota de prensa, el Codia reconoció la importancia de esa autovía que une al gran Santo Domingo con el nordeste del país. No obstante, consideró que “tiene curvas verticales y horizontales muy cerradas, inclusive, los taludes en algunos tramos se presentan muy verticales”.
Las razones de este “diseño geométrico muy restringido”, señala el Codia atribuyendo la declaración a su presidente, ingeniero José Espinosa, pudo deberse a que se buscara la preservación de la reserva natural de Los Haitises “y el costo que generaría un diseño geométrico más holgado”.
Manifestó que esta situación de trazado limita la velocidad “y, muchas veces, la visibilidad, que los conductores deben ajustar a los kilómetros por horas establecidos, que no es más que la velocidad de diseño, y que si se traspasan esos límites en las curvas horizontales, el vehículo tiende a salirse de su carril, debido a la llamada fuerza centrípeta, chocando con otro que venga en vía contraria o saliéndose de la misma”.
Indicó que a esto se agregan las violaciones constantes de los conductores a las leyes de tránsito.
Acapara subsidio
En los últimos cuatro años, el Estado ha subsidiado RD$7,949.5 millones a esta autovía -más de lo que costó- por concepto de “peaje sombra” para cubrir las metas financieras de la empresa que tiene la concesión, un promedio de RD$5.4 millones por día.
El contrato firmado en 2001 con la concesionaria Autopistas del Nordeste C. por A., que tiene la administración por 30 años, establece un ingreso mínimo garantizado, que debe asumir el Estado cuando la circulación de vehículos es baja y no se alcanzan los ingresos estimados por peaje.