Procuraduría arresta 12 de 25 acusados en alegado robo de drogas de la DICAN

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República ejecutó una orden de arresto en contra de 12 de 25 implicados en el alegado robo de 950 kilogramos de cocaína clorhidratada, incautados por la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) de la Policía, para su alegada comercialización. Los arrestados son los fiscales de la provincia Santo Domingo, Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro, el ex director Antinarcóticos de la Policía, coronel paracaidista Carlos Fernández Valerio; el jefe de operaciones de la DICAN, teniente coronel Félix Humberto Paulino López; el mayor Ruddy José Japa Álvarez y otros seis implicados en la alegada sustracción de la droga. El mayor Luciano Gómez Cabrera, en contra del cual existía una orden de arresto, se entregó ayer por ante la Procuraduría. En rueda de prensa, el procurador Francisco Domínguez Brito afirmó que en contra de los imputados el Ministerio Público tiene pruebas contundentes que los vinculan de manera directa en acciones ilícitas en el desarrollo de sus funciones. Indicó que supuestamente están ligados junto a otros implicados que aún no han sido arrestados, pero cuyas órdenes judiciales privativas de libertad ya fueron emitidas. También que Valerio Fernández fue enviado al centro penitenciario donde los oficiales de policía y policías son encerrados. Adelantó que en las próximas horas se solicitará medidas de coerción en la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, que designó a la jueza de la Instrucción Especial, Wendy Martínez Mejía para conocer las mismas. Manifestó que los fiscales arrestados, más que vigilar el cumplimiento de la ley, se hicieron beneficiarios de esa operación dolosa. Otros detenidos son Bárbaro Flores Beltrán, el sargento mayor Antolín de los Santos Zabala, el sargento Pedro José Almánzar González, cabo Agapito Muñoz Evangelista y raso Raidirys García Miranda. Domínguez Brito advirtió que el grupo enfrentará cargos de coalición de funcionarios, tráfico ilícito de drogas, de influencia, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsedad de documento público y lavado de dinero producto del narcotráfico. Expuso que estos arrestos corresponden a los primeros sometimientos contra los implicados directos y responsables de dirigir este operativo. Explicó que la investigación ha sido dividida en tres fases, que comprenden el tumbe de la droga incautada, comercialización y compra por parte de un oficial de la Policía. “Hasta el momento, la distribución de los 950 kilos de cocaína se realizó de la siguiente manera, 250 kilos a los representantes del Ministerio Público hoy apresados y los 700 restantes quedaron bajo control del coronel Paulino, quienes a su vez posteriormente colocaron parte de la misma en el mercado local”. Precisó que en contra de los alegados participantes en ese “tumbe”, y otros dos que se están investigando conjuntamente, se procederá a presentar cargos. Indicó que durante operativos realizados el lunes en la empresa Cajas de Seguridad Dominicana S.A., fue practicado un allanamiento en la caja No.132, que figuraba a nombre del fiscal Omar Ogando Ogando y como apoderado el fiscal Máximo Díaz Ogando. En su interior, fueron hallados varios certificados de depósitos y de inversión, con un valor aproximado a los RD$5 millones, títulos de propiedad correspondientes a locales comerciales, entre otras propiedades, así como US$15,000. Manifestó que como parte de los bienes que han sido recuperados, figuran RD$1.4 millones en efectivo, entregados de forma voluntaria por uno de los sargentos que participó en el operativo, así como una yipeta. Otro de los participantes que recibió alegadamente del coronel Paulino unos RD$3 millones, entregó de forma voluntaria al Ministerio Público un apartamento adquirido por RD$2.6 millones y un vehículo valorado en RD$400,000. “Destacamos que esta investigación no ha concluido, nosotros seguiremos profundizando, sin importar investiduras, jurisdicciones, rangos ni posiciones”. El funcionario presume que la mayoría de la droga se quedó aquí en el país, y en el mercado local. “Igual creemos que una parte de la droga todavía está por ahí escondida”. Con respecto a Nicolás y Santos Emilio, presunto dueño de la droga donde se hizo el allanamiento de los 950 kilos de cocaína, reveló que hay órdenes de arresto y están siendo buscados. Las órdenes de arresto incluyen al fiscal Leonidas Suárez Martínez, los coroneles Mercedes Altagracia Mola Cuevas y Guillermo Báez Ubiera. Asimismo, los tenientes coroneles Voltaire Batista Matos, Juan Bulus Andújar y Francisco Valenzuela Valenzuela. Además, el mayor Junio Vásquez Báez; el mayor Alberto Jiménez Ruiz; los capitanes Carlos Amézquita Reynoso y Edwin La Paix Zapata, y el teniente Juanico Belén Mejía. También, el teniente Pedro José Almánzar González; el cabo Agapito Muñoz Evangelista, el raso Raidirys Lironey García Miranda y el civil Santo Emilio Hernández. La petición de arresto fue formulada por el procurador general adjunto, Bolívar Sánchez y el procurador general de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Robert Rodríguez Mendoza. Exponen que el Ministerio Público ha abierto una investigación en contra de los imputados, presuntamente por haber sustraído una droga ocupada en un allanamiento practicado el 27 de septiembre de 2014, por los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando, Ramón Augusto Veras Castro y Leonidas Suárez Martínez, en compañía de los miembros policiales. Plantean que los mismos sustrajeron la droga ocupada, que sobrepasa los 900 kilogramos de cocaína clorhidratada, así como también una indeterminada cantidad de dinero en efectivo.El Procurador sobre las megadivasCon respecto a la mención de megadivas en el escándalo del DICAN, el Procurador General de la República declaró que a las presentadoras de televisión no le ve ninguna implicación en la operación de alegado robo de drogas ni ventas. “Si tienen alguna relación personal o sentimental con algunos de los autores, ya este es un asunto que no nos compete a nosotros”.Mientras el Procurador afirmó que no es posible que un punto de drogas en determinada comunidad opere sin algún tipo de complicidad de alguna autoridad persecutora.