Dominguez Brito pide a Polonia justicia en caso sacerdote acusado de abusos

VARSOVIA. El procurador general de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, mostró hoy su confianza en que Polonia haga justicia en el caso del religioso polaco Wojciech Gil, acusado de abusos sexuales contra menores en los dos países.

"Nos gustaría hacer hincapié en la gravedad de los hechos cometidos por el clero polaco", dijo Domínguez Brito después de la reunión que mantuvo hoy en Varsovia con su homólogo polaco, Andrzej Seremet, a quien le trasladó la petición de justicia de la sociedad dominicana.

Durante su estancia en Polonia, el procurador general dominicano se reunió también con la fiscal que lleva el caso contra Gil, Malgorzata Adamjtys.

Domínguez Brito viajará mañana al Vaticano, donde se entrevistará con representantes de la justicia eclesiástica para conocer el estado del caso contra el exnuncio en Santo Domingo Jozef Wesolowski, el otro religioso polaco acusado de abusos a menores en la República Dominicana.

El fiscal dominicano destacó que la Convención de Viena obliga al país a abandonar su propia investigación si la acusación ha sido trasladada a otro Estado, como sucede en el caso de Wesolowski, quien ocupaba el cargo de nuncio del Papa en la isla con estatus diplomático cuando presuntamente se produjeron los hechos.

Domínguez Brito destacó que los procesos contra el padre Gil y Wesolowski tienen vital importancia "no sólo para Dominicana y Polonia, sino también para otros países" y subrayó que "sería una gran pena que pueda haber impunidad ante este tipo de hechos".

El caso del religioso Wojciech Gil se llevará ante el juzgado de distrito de Wolomin, informó el fiscal general polaco, ya que se ha desestimado la solicitud de remitir el asunto a la Audiencia Provincial correspondiente.

Seremet explicó que las garantías procesales de las víctimas dominicanas durante el proceso están aseguradas, y adelantó que contarán con un representante encargado de "promover sus intereses", además de la actuación de la propia fiscalía.

Diario Libre