CNDH cree justa sentencia de Corte Interamericana de los Derechos Humanos
Calificó de "extremadamente grave" la sentencia emitida por la CIDH
Diario Libre
SANTO DOMINGO. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) valoró como justa y apegada al derecho internacional de los derechos humanos, la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra el Estado dominicano, por alegadas violaciones que afectan a haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana.
Asimismo, instó a las autoridades a "no escuchar las voces de presuntos ‘nacionalistas' que llaman a la salida del país del sistema internacional de protección de los derechos humanos, ya que estar bajo el amparo de estos organismos nos inserta a pleno título en la que se define Comunidad Internacional".
La entidad respondió de esa forma a la citada sentencia del organismo internacional, del 28 de agosto pasado, que condena el Estado dominicano "en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas de República Dominicana" por alegadas las siguientes violaciones de los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CNDH refiere que entre los artículos violados que señala la sentencia figuran el reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3), de la nacionalidad (artículo 20) y del nombre (artículo 18); del derecho a la identidad, la libertad personal (artículo 7), de circulación y de residencia (artículo 22.1, 22.5 y 22.9), garantías judiciales (artículo 8.1), protección judicial (artículo 25.1), protección a la familia (artículo 17.1), y protección de la honra y de la dignidad en relación, con la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida privada y familiar (artículo 11.2).
Resalta que, además, la Corte verificó que "al menos en la época de los hechos del presente caso, durante un período cercano a una década a partir de 1990, en República Dominicana existía un patrón sistemático de expulsiones" y que "los hechos del presente caso se insertaron en un contexto en que, en República Dominicana, la población haitiana y las personas nacidas en territorio dominicano de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban en situación de pobreza y sufrían con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios, inclusive por parte de autoridades, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad".
La CNDH declaró que "como institución defensora y promotora de los derechos fundamentales del pueblo dominicano y de los seres humanos, hemos constantemente denunciado esta situación en todas las instancias nacionales e internacionales".
Calificó de "extremadamente grave esta sentencia emitida por la CIDH, que una vez más, condena a nuestro Estado por graves violaciones de los derechos humanos", todo eso, "considerando que la República Dominicana ha firmado y ratificado la Convención americana sobre derechos humanos del año 1969 (Pacto de San José)".
Agregó que, vista la situación respecto a las alegadas violaciones de los derechos humanos y las reiteradas denuncias que como entidad ha presentado ante los organismos internacionales, tanto respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional No. TC/0168/13, como las referentes a ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, "no cabe la menor duda que el Estado dominicano se encontrará a menudo en el banquillo de los acusados por graves violaciones de los derechos humanos, a menos que nuestros gobernantes y nuestras instituciones no cambien el rumbo de las cosas".
Asimismo, instó a las autoridades a "no escuchar las voces de presuntos ‘nacionalistas' que llaman a la salida del país del sistema internacional de protección de los derechos humanos, ya que estar bajo el amparo de estos organismos nos inserta a pleno título en la que se define Comunidad Internacional".
La entidad respondió de esa forma a la citada sentencia del organismo internacional, del 28 de agosto pasado, que condena el Estado dominicano "en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas de República Dominicana" por alegadas las siguientes violaciones de los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CNDH refiere que entre los artículos violados que señala la sentencia figuran el reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3), de la nacionalidad (artículo 20) y del nombre (artículo 18); del derecho a la identidad, la libertad personal (artículo 7), de circulación y de residencia (artículo 22.1, 22.5 y 22.9), garantías judiciales (artículo 8.1), protección judicial (artículo 25.1), protección a la familia (artículo 17.1), y protección de la honra y de la dignidad en relación, con la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida privada y familiar (artículo 11.2).
Resalta que, además, la Corte verificó que "al menos en la época de los hechos del presente caso, durante un período cercano a una década a partir de 1990, en República Dominicana existía un patrón sistemático de expulsiones" y que "los hechos del presente caso se insertaron en un contexto en que, en República Dominicana, la población haitiana y las personas nacidas en territorio dominicano de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban en situación de pobreza y sufrían con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios, inclusive por parte de autoridades, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad".
La CNDH declaró que "como institución defensora y promotora de los derechos fundamentales del pueblo dominicano y de los seres humanos, hemos constantemente denunciado esta situación en todas las instancias nacionales e internacionales".
Calificó de "extremadamente grave esta sentencia emitida por la CIDH, que una vez más, condena a nuestro Estado por graves violaciones de los derechos humanos", todo eso, "considerando que la República Dominicana ha firmado y ratificado la Convención americana sobre derechos humanos del año 1969 (Pacto de San José)".
Agregó que, vista la situación respecto a las alegadas violaciones de los derechos humanos y las reiteradas denuncias que como entidad ha presentado ante los organismos internacionales, tanto respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional No. TC/0168/13, como las referentes a ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, "no cabe la menor duda que el Estado dominicano se encontrará a menudo en el banquillo de los acusados por graves violaciones de los derechos humanos, a menos que nuestros gobernantes y nuestras instituciones no cambien el rumbo de las cosas".
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