CEJIL reclama Estado dominicano cumplir sentencia de la CIDH en caso Narcisazo
La directora ejecutiva del centro Viviana Krsticevic, reclama al gobierno actuar imparcialmente
Miguel Cruz Tejada
NUEVA YORK.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Washington, demandó este lunes, al cumplirse 20 años de la desaparición del periodista y catedrático Narciso González Medina (Narcisazo), que el Estado dominicano cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, tribunal que reclama que el gobierno haga una investigación y búsqueda seria de los responsables.
La directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, dijo que a veinte años de la forzada desaparición del reconocido periodista y abogado dominicano, "recordamos su vida y lucha, exigiendo el pleno cumplimiento del caso que lleva la Corte Interamericana en su nombre".
"El estado dominicano está en deuda con sus familiares, y con toda la sociedad dominicana. Tras las gestiones que adelanta la Procuraduría General de la República Dominicana, instamos a los demás poderes del Estado a actuar decididamente para saber qué pasó, revelar dónde está Narciso González y castigar a los responsables", añade la directora del CEJIL.
La sentencia, fue dictaminada el 27 de febrero del 2012, en el caso González Medina contra República Dominicana y en la misma la Corte Interamericana, condena al estado dominicano por la desaparición forzada del comunicador, abogado y catedrático universitario, así como la falta del debido proceso y sufrimiento ocasionado a sus familiares, y ordenó la adopción de importantes medidas de reparación.
Esas medidas, incluyen una búsqueda seria para encontrar el paradero de González, una investigación seria, imparcial y eficaz de los hechos y la eventual condena de los responsables, y reparación íntegra a los familiares del desaparecido.
También esa corte, conminó al estado dominicano a preservar la memoria de la vida del periodista, entro otros requerimientos.
El año pasado (2013) el procurador general Domingo Francisco Brito, ordenó la reapertura del expediente, dando un primero paso en la búsqueda de la verdad y la justicia, pero el CEJIL dice que esa iniciativa no ha sido suficiente ni eficaz y exige que las autoridades dominicanas, asuman el compromiso de todos los órganos estatales para garantizar que la investigación avance de manera seria.
La directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, dijo que a veinte años de la forzada desaparición del reconocido periodista y abogado dominicano, "recordamos su vida y lucha, exigiendo el pleno cumplimiento del caso que lleva la Corte Interamericana en su nombre".
"El estado dominicano está en deuda con sus familiares, y con toda la sociedad dominicana. Tras las gestiones que adelanta la Procuraduría General de la República Dominicana, instamos a los demás poderes del Estado a actuar decididamente para saber qué pasó, revelar dónde está Narciso González y castigar a los responsables", añade la directora del CEJIL.
La sentencia, fue dictaminada el 27 de febrero del 2012, en el caso González Medina contra República Dominicana y en la misma la Corte Interamericana, condena al estado dominicano por la desaparición forzada del comunicador, abogado y catedrático universitario, así como la falta del debido proceso y sufrimiento ocasionado a sus familiares, y ordenó la adopción de importantes medidas de reparación.
Esas medidas, incluyen una búsqueda seria para encontrar el paradero de González, una investigación seria, imparcial y eficaz de los hechos y la eventual condena de los responsables, y reparación íntegra a los familiares del desaparecido.
También esa corte, conminó al estado dominicano a preservar la memoria de la vida del periodista, entro otros requerimientos.
El año pasado (2013) el procurador general Domingo Francisco Brito, ordenó la reapertura del expediente, dando un primero paso en la búsqueda de la verdad y la justicia, pero el CEJIL dice que esa iniciativa no ha sido suficiente ni eficaz y exige que las autoridades dominicanas, asuman el compromiso de todos los órganos estatales para garantizar que la investigación avance de manera seria.
Miguel Cruz Tejada
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