LA CUESTIÓN HAITIANA
Diario Libre
Uno de los cambios más visibles que está experimentando la sociedad dominicana se observa en la creciente presencia de inmigrantes haitianos en territorio dominicano. En 1983, por ejemplo, había apenas 27,000 haitianos viviendo legalmente en el país.
Todavía en 1998, en víspera del paso del ciclón Georges, la población haitiana en territorio dominicana no pasaba de 100,000 personas.
En aquel año en la orilla occidental de la carretera internacional, que sirve de línea fronteriza entre Haití y la República Dominicana, había apenas tres docenas de viviendas de campesinos haitianos muy pobres que aprovechaban las aguas de los ríos Libón y Artibonito, y los bosques dominicanos circundantes para abastecerse de agua y leña.
La carretera internacional, que es la parte más visible de la frontera dominico-haitiana en el centro de la isla, es el escenario de un denso asentamiento campesino haitiano que sirve de trampolín a miles de emigrantes que desean huir de la pobreza en su país.
En el año 2004, dos investigadores británicos estimaron la población haitiana inmigrante en unas 380,000 personas. Hoy, año 2011, muchos observadores estiman que la población haitiana en la República Dominicana sobrepasa el millón de personas.
La carretera internacional no es el único asentamiento fronterizo importante en la zona fronteriza. Otros, como Ouanaminthe, Tirolí, Hincha, Mirabalais, Malpasse, Anse-a-Pitre, sirven de puntos de envío de emigrantes hacia territorio dominicano.
Una parte importante de estos campesinos permanecen en las provincias fronterizas trabajando como peones de terratenientes dominicanos, pero la mayoría buscan vías para penetrar más profundamente hacia el este de la isla y terminan estableciéndose en las ciudades más importantes en donde encuentran empleo como obreros de la construcción, vendedores ambulantes y como empleados domésticos y guardianes de viviendas.
Muchos otros se han establecido en zonas agrícolas, ganaderas y cafetaleras en donde trabajan como peones. Otros ya se han establecido en los centros turísticos y allí desempeñan múltiples ocupaciones.
La mayoría de los haitianos residentes en el país han ingresado ilegalmente y así permanecen pues las autoridades dominicanas han sido incapaces de controlar la frontera cuando se lo han propuesto, o han decidido dejar de luchar para controlar el flujo de inmigrantes ilegales.
Existe en la zona fronteriza toda una red de traficantes que involucra a las autoridades civiles y militares y a los líderes políticos locales, y que se lucra del tráfico de inmigrantes ilegales. Muchos clérigos católicos de la zona, por motivos humanitarios y de otra índole, contribuyen también a incentivar la inmigración brindando protección a los haitianos que cruzan la frontera.
Los mismos campesinos dominicanos de la zona fronteriza facilitan la inmigración de campesinos haitianos para de esa manera obtener mano de obra barata que les ayude a quemar bosques, limpiar terrenos y cultivar conucos.
Zonas como Río Limpio, Los Bolos, Los Pinos, Tierra Nueva, Polo y Maniel Viejo, Loma de Cabrera, y las serranías de Bahoruco en Pedernales, son hoy el escenario de un proceso continuo de deforestación que esta convirtiendo aquellos territorios en zonas desoladas expuestas a la desertificación, como ha ocurrido ya en el suelo haitiano.
La inmigración ilegal haitiana se ha acelerado desde 1998 hasta la fecha. En su primera administración, que estuvo marcada por su deuda política con los grupos ultranacionalistas, el Presidente Leonel Fernández inició la deportación de los inmigrantes ilegales, pero tuvo que detenerse ante las protestas de las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, y de algunos miembros radicales del clero católico que operan en las provincias fronterizas.
A éstos se unieron grupos radicales de izquierda que han logrado articular una amplia coalición de apoyo a organizaciones haitianas que operan en las ciudades principales, principalmente Santo Domingo.
Pronto se hizo público que el Estado dominicano no deportaría a los haitianos ilegales y el flujo recomenzó con mayor fuerza.
A partir del año 2000, el gobierno de Hipólito Mejía puso en marcha un programa de inversiones masivas en las provincias de la frontera (apertura de caminos, construcción de clínicas rurales, acueductos y escuela, instalación de redes eléctricas) que sirvieron para atraer aún más a los empobrecidos campesinos del vecino país.
Los controles de inmigración también siguieron relajándose pues las autoridades querían evitar ser acusadas de violar los derechos humanos de los haitianos. Las redes de tráfico de inmigrantes continuaron desarrollándose. El gobierno de Mejía abrió las escuelas y los hospitales a todos los haitianos que requirieran esos servicios y decidió otorgarles un documento de identidad que los inmigrantes consideran como prueba de legalización de su status.
El nuevo gobierno de Leonel Fernández (2004-2010) ha mantenido esa política de tolerancia y el resultado ha sido la ocurrencia de la mayor ola de inmigración haitiana en toda la historia de la isla pues en el curso de los últimos diez años se han establecido cerca de un millón de haitianos en la República Dominicana.
A medida que la situación económica y social haitiana se ha ido deteriorando, la presión emigratoria ha ido subiendo y, además de los campesinos ya mencionados, también han emigrado a la República Dominicana numerosas familias haitianas de clase media y alta para a aprovechar los servicios sociales, educacionales y sanitarios que no encuentran en su país. Algo similar a lo que han hecho miles de familias dominicanas que han emigrado a los Estados Unidos.
En numerosas ocasiones, los responsables de los organismos de salud pública han advertido que en muchos hospitales la mayoría de las parturientas hoy son haitianas. Las escuelas y universidades tienen, asimismo, una población creciente de estudiantes haitianos que conviven pacífica y naturalmente con sus contrapartes dominicanos.
En lugares de agricultura intensiva, como Constanza, hay períodos en que más de la mitad de la mano de obra en los campos esta compuesta por jóvenes haitianos, al igual que ocurre en las plantaciones de café de Barahona, en los campos de yuca y tabaco del Cibao, en las zonas arroceras del Bajo Yuna, y hasta en haciendas ganaderas del Este que nunca antes utilizaron mano de obra haitiana.
Aun cuando continuamente se alzan voces para protestar de la presencia haitiana en la República Dominicana, y a pesar de que en varias ocasiones han ocurrido actos de violencia étnica en algunas aldeas y pueblos del interior, hasta el momento la economía dominicana ha estado asimilando la mano de obra haitiana y la está empleando en los niveles más bajos de la escala laboral como, por ejemplo, servicios de limpieza, peonaje, guardias nocturnos, servicio doméstico, tricicleros y fruteros.
Muchos empresarios dicen que la sociedad dominicana ya no puede prescindir de la mano de obra haitiana y argumentan, al igual que pasa en otros países, que sin los inmigrantes no sería posible mantener funcionando sus negocios en la agricultura, la construcción o el turismo, por ejemplo. En pocas palabras, no habría como sostener con rentabilidad ciertos sectores de la economía.
Algunos economistas, sin embargo, dicen que esto perjudica a la clase trabajadora dominicana porque contribuye a deprimir los salarios. Otros dicen que en el mediano plazo la República Dominicana se encamina a ser derrotada en su lucha contra la pobreza pues el país está importando cada vez más pobres en tanto que la base productiva y los servicios sociales no crecen a la misma velocidad que la población inmigrante.
Otros, más radicales acusan a las autoridades de permitir la "haitianización creciente del país" y utilizan argumentos nacionalistas tradicionales que datan de las guerras dominico-haitianas del siglo XIX.
En medio del creciente debate sobre este nuevo fenómeno histórico, los dominicanos fueron sorprendidos, por el reciente terremoto que destruyó gran parte de Puerto Príncipe, Léogane y Jacmel, en Haití, el 12 de enero de 2010.
Esta catástrofe abrió un nuevo capítulo en las relaciones dominico-haitianas pues el pueblo dominicano y su gobierno, espontánea e independientemente uno del otro, se lanzaron hacia el vecino país aportando ayuda masiva y auxiliando a los heridos y refugiados.
El terremoto estimuló aún más la inmigración y el proceso continúa ahora más intenso que antes. Cuáles serán las consecuencias de este proceso es algo que todavía está por verse. En artículos futuros meditaremos sobre esas consecuencias.
Todavía en 1998, en víspera del paso del ciclón Georges, la población haitiana en territorio dominicana no pasaba de 100,000 personas.
En aquel año en la orilla occidental de la carretera internacional, que sirve de línea fronteriza entre Haití y la República Dominicana, había apenas tres docenas de viviendas de campesinos haitianos muy pobres que aprovechaban las aguas de los ríos Libón y Artibonito, y los bosques dominicanos circundantes para abastecerse de agua y leña.
La carretera internacional, que es la parte más visible de la frontera dominico-haitiana en el centro de la isla, es el escenario de un denso asentamiento campesino haitiano que sirve de trampolín a miles de emigrantes que desean huir de la pobreza en su país.
En el año 2004, dos investigadores británicos estimaron la población haitiana inmigrante en unas 380,000 personas. Hoy, año 2011, muchos observadores estiman que la población haitiana en la República Dominicana sobrepasa el millón de personas.
La carretera internacional no es el único asentamiento fronterizo importante en la zona fronteriza. Otros, como Ouanaminthe, Tirolí, Hincha, Mirabalais, Malpasse, Anse-a-Pitre, sirven de puntos de envío de emigrantes hacia territorio dominicano.
Una parte importante de estos campesinos permanecen en las provincias fronterizas trabajando como peones de terratenientes dominicanos, pero la mayoría buscan vías para penetrar más profundamente hacia el este de la isla y terminan estableciéndose en las ciudades más importantes en donde encuentran empleo como obreros de la construcción, vendedores ambulantes y como empleados domésticos y guardianes de viviendas.
Muchos otros se han establecido en zonas agrícolas, ganaderas y cafetaleras en donde trabajan como peones. Otros ya se han establecido en los centros turísticos y allí desempeñan múltiples ocupaciones.
La mayoría de los haitianos residentes en el país han ingresado ilegalmente y así permanecen pues las autoridades dominicanas han sido incapaces de controlar la frontera cuando se lo han propuesto, o han decidido dejar de luchar para controlar el flujo de inmigrantes ilegales.
Existe en la zona fronteriza toda una red de traficantes que involucra a las autoridades civiles y militares y a los líderes políticos locales, y que se lucra del tráfico de inmigrantes ilegales. Muchos clérigos católicos de la zona, por motivos humanitarios y de otra índole, contribuyen también a incentivar la inmigración brindando protección a los haitianos que cruzan la frontera.
Los mismos campesinos dominicanos de la zona fronteriza facilitan la inmigración de campesinos haitianos para de esa manera obtener mano de obra barata que les ayude a quemar bosques, limpiar terrenos y cultivar conucos.
Zonas como Río Limpio, Los Bolos, Los Pinos, Tierra Nueva, Polo y Maniel Viejo, Loma de Cabrera, y las serranías de Bahoruco en Pedernales, son hoy el escenario de un proceso continuo de deforestación que esta convirtiendo aquellos territorios en zonas desoladas expuestas a la desertificación, como ha ocurrido ya en el suelo haitiano.
La inmigración ilegal haitiana se ha acelerado desde 1998 hasta la fecha. En su primera administración, que estuvo marcada por su deuda política con los grupos ultranacionalistas, el Presidente Leonel Fernández inició la deportación de los inmigrantes ilegales, pero tuvo que detenerse ante las protestas de las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, y de algunos miembros radicales del clero católico que operan en las provincias fronterizas.
A éstos se unieron grupos radicales de izquierda que han logrado articular una amplia coalición de apoyo a organizaciones haitianas que operan en las ciudades principales, principalmente Santo Domingo.
Pronto se hizo público que el Estado dominicano no deportaría a los haitianos ilegales y el flujo recomenzó con mayor fuerza.
A partir del año 2000, el gobierno de Hipólito Mejía puso en marcha un programa de inversiones masivas en las provincias de la frontera (apertura de caminos, construcción de clínicas rurales, acueductos y escuela, instalación de redes eléctricas) que sirvieron para atraer aún más a los empobrecidos campesinos del vecino país.
Los controles de inmigración también siguieron relajándose pues las autoridades querían evitar ser acusadas de violar los derechos humanos de los haitianos. Las redes de tráfico de inmigrantes continuaron desarrollándose. El gobierno de Mejía abrió las escuelas y los hospitales a todos los haitianos que requirieran esos servicios y decidió otorgarles un documento de identidad que los inmigrantes consideran como prueba de legalización de su status.
El nuevo gobierno de Leonel Fernández (2004-2010) ha mantenido esa política de tolerancia y el resultado ha sido la ocurrencia de la mayor ola de inmigración haitiana en toda la historia de la isla pues en el curso de los últimos diez años se han establecido cerca de un millón de haitianos en la República Dominicana.
A medida que la situación económica y social haitiana se ha ido deteriorando, la presión emigratoria ha ido subiendo y, además de los campesinos ya mencionados, también han emigrado a la República Dominicana numerosas familias haitianas de clase media y alta para a aprovechar los servicios sociales, educacionales y sanitarios que no encuentran en su país. Algo similar a lo que han hecho miles de familias dominicanas que han emigrado a los Estados Unidos.
En numerosas ocasiones, los responsables de los organismos de salud pública han advertido que en muchos hospitales la mayoría de las parturientas hoy son haitianas. Las escuelas y universidades tienen, asimismo, una población creciente de estudiantes haitianos que conviven pacífica y naturalmente con sus contrapartes dominicanos.
En lugares de agricultura intensiva, como Constanza, hay períodos en que más de la mitad de la mano de obra en los campos esta compuesta por jóvenes haitianos, al igual que ocurre en las plantaciones de café de Barahona, en los campos de yuca y tabaco del Cibao, en las zonas arroceras del Bajo Yuna, y hasta en haciendas ganaderas del Este que nunca antes utilizaron mano de obra haitiana.
Aun cuando continuamente se alzan voces para protestar de la presencia haitiana en la República Dominicana, y a pesar de que en varias ocasiones han ocurrido actos de violencia étnica en algunas aldeas y pueblos del interior, hasta el momento la economía dominicana ha estado asimilando la mano de obra haitiana y la está empleando en los niveles más bajos de la escala laboral como, por ejemplo, servicios de limpieza, peonaje, guardias nocturnos, servicio doméstico, tricicleros y fruteros.
Muchos empresarios dicen que la sociedad dominicana ya no puede prescindir de la mano de obra haitiana y argumentan, al igual que pasa en otros países, que sin los inmigrantes no sería posible mantener funcionando sus negocios en la agricultura, la construcción o el turismo, por ejemplo. En pocas palabras, no habría como sostener con rentabilidad ciertos sectores de la economía.
Algunos economistas, sin embargo, dicen que esto perjudica a la clase trabajadora dominicana porque contribuye a deprimir los salarios. Otros dicen que en el mediano plazo la República Dominicana se encamina a ser derrotada en su lucha contra la pobreza pues el país está importando cada vez más pobres en tanto que la base productiva y los servicios sociales no crecen a la misma velocidad que la población inmigrante.
Otros, más radicales acusan a las autoridades de permitir la "haitianización creciente del país" y utilizan argumentos nacionalistas tradicionales que datan de las guerras dominico-haitianas del siglo XIX.
En medio del creciente debate sobre este nuevo fenómeno histórico, los dominicanos fueron sorprendidos, por el reciente terremoto que destruyó gran parte de Puerto Príncipe, Léogane y Jacmel, en Haití, el 12 de enero de 2010.
Esta catástrofe abrió un nuevo capítulo en las relaciones dominico-haitianas pues el pueblo dominicano y su gobierno, espontánea e independientemente uno del otro, se lanzaron hacia el vecino país aportando ayuda masiva y auxiliando a los heridos y refugiados.
El terremoto estimuló aún más la inmigración y el proceso continúa ahora más intenso que antes. Cuáles serán las consecuencias de este proceso es algo que todavía está por verse. En artículos futuros meditaremos sobre esas consecuencias.
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