Ruta crítica del suroeste turistico
Juan Lladó
En la presente campana electoral se requiere que los candidatos presidenciales propongan una solución responsable para el desarrollo turístico como la mejor opción de redención para el suroeste dominicano.
La abismal y lacerante pobreza del suroeste dominicano es uno de los grandes retos que confronta nuestra clase política. Por eso se requiere que, en la presente campana electoral, los candidatos presidenciales propongan al respecto una solución responsable. Puesto que el desarrollo turístico es la mejor opción de redención para esos lares, el reto de los candidatos es definir una ruta crítica para detonar su desarrollo.
Deberán primero reconocer que ninguna otra actividad económica podría traer los resultados deseados. La agropecuaria no es salida viable (en las provincias de Azua, San Juan de la Maguana, Elías Pina, Bahoruco, Independencia, Barahona y Pedernales) por las sombrías perspectivas que le depara la apertura comercial, aun cuando se multipliquen los invernaderos y se supla mucho crédito. Tampoco podría la minería, a juzgar por las escasas opciones. Solo la explotación turística de sus excepcionales recursos naturales puede responder con rapidez y efectividad.
Los candidatos deben declarar el desarrollo turístico de la región su primera prioridad nacional en materia turística. Esto se justifica no solo porque sea un imperativo moral de la política publica atender de manera preferencial a los segmentos más necesitados de la población. Es también que de perpetuarse la pobreza en la región se entronizarían los desequilibrios económicos que constituyen un lastre para el desarrollo nacional. Ni los problemas coyunturales de Puerto Plata o de Bávaro-Punta Cana, ni la carretera Cibao-Sur ameritarían ese nivel de prioridad.
La otra gran premisa del que quiera abrazar la causa es que el ecoturismo no es el mercado mas apropiado. Debemos ser realistas respecto a la competencia de otros países en ese aspecto y reconocer que, si bien la región posee tesoros importantes en materia de flora y fauna, ninguno de sus atractivos ecoturísticos seria capaz de generar un flujo importante de visitantes extranjeros para detonar el desarrollo turístico de manera efectiva. Además, los ecoturistas viajan en pequeños grupos y exigen niveles de servicios que solo después de mucho tiempo podríamos brindarles. El turismo de sol y playa es la opción más racional.
En consecuencia, el candidato de mayor coraje debe focalizarse en encontrar solución a los problemas de las playas de la región para que puedan tornarse atractivas para los inversionistas. Esto requiere que se seleccionen las playas de las provincias de Pedernales y Barahona que sean explotables y que se determine cuales obras serian necesarias para ponerlas en la mira de los promotores privados. Identificar cuales son esos requisitos seria una tarea fundamental entre las gestiones del futuro presidente electo.
Concentrar el desarrollo hotelero en Cabo Rojo, tal y como lo propusieron la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD, resulta ser la opción más viable para poder explotar el potencial turístico de Bahía de las Águilas. Pero los inversionistas requerirán las obras de infraestructura por parte del Estado (aeropuerto, planta de tratamiento, acueducto, carreteras), amen de que el Estado tendría que resolver el problema que presenta la concesión minera de Ideal Dominicana, la cual compromete esos terrenos.
Por su parte, las playas de Barahona a ser acondicionadas deben incluir a Saladilla, San Rafael, Paraíso y Enriquillo. (Ya existen varios estudios sobre el asunto.) Como la plusvalía de los terrenos colindantes seria considerable, el Estado debe exigir que los propietarios compartan la inversión a ser realizada. Correría a cargo del Estado solamente la pavimentación de caminos de montana que abran el corazón de la provincia a los visitantes y promuevan el turismo inmobiliario.
Un nuevo gobierno debe afrontar dos grandes problemas para materializar esta ruta crítica. El primero tiene que ver con los fondos requeridos por las inversiones en infraestructura y en acondicionamiento de las playas. Se necesitaran unos US$200 millones para hacer un trabajo que garantice la sostenibilidad de los recursos naturales. Para cualquier gobierno la opción siempre esta ahí de acudir a los organismos multilaterales de financiamiento, los cuales garantizan la supervisión. Pero más rápido seria que la Barrick Gold adelante estos recursos de los que tocara el Estado de su explotación minera (unos US$7,000 millones en 25 anos).
El otro gran problema es el de la promoción de las inversiones privadas. Seria un craso error creer que las mismas se materializarían ipso facto si las promesas gubernamentales de participación fueran creíbles. (En el caso de Puerto Plata el Banco Central tuvo que ser el primer inversionista hotelero.) Lo cierto es que playas de mejores condiciones que las citadas abundan en todo Centroamérica y el Caribe, por lo que la competencia por las inversiones es impredecible. Muchas de las cadenas hoteleras ya existentes en nuestro país tienen terrenos sin explotar que las harían reacias a meterse en un territorio cuyas dotes están por verse.
Por tanto, no bastara con que el presidente electo se reúna en la transición con los empresarios españoles y les solicite su participación. Bajo las presentes circunstancias de la inversión hotelera en el Caribe será necesario ir más allá. El Estado tendrá que ofrecer otras concesiones que tengan el efecto de desviar inversión extranjera hacia el suroeste. Y entre las opciones no puede descartarse el otorgamiento de avales al financiamiento, concesiones especiales y/o sociedades de "joint venture".
Siempre será posible que el nuevo ministro del ramo pueda encabezar el esfuerzo gubernamental. Pero lo preferible seria que el nuevo presidente instale en el Palacio Nacional una oficina especial con un profesional capaz a la cabeza que reporte directamente a él. Creada por decreto (como se creo la OPRET para el Metro), esta habrá de desplegar un diligente esfuerzo de promoción de inversiones y tener el acceso presidencial que desbroce el camino entre la endemoniada maraña de intereses burocráticos y particulares que osen obstaculizar.
Al suroeste dominicano le debe haber llegado la hora de su redención económica. Si es cierto que tenemos una clase política que ha madurado lo suficiente como para mantener vivas las formalidades de la democracia política, esta deberá comprender que la redención del suroeste es un imperativo social de igual o mayor trascendencia. Si el desarrollo turístico ha jugado un papel importante en el mantenimiento de la paz social, ahora en el suroeste deberá ayudar a ensanchar sus bases para que la democracia sea realmente para todos.
La abismal y lacerante pobreza del suroeste dominicano es uno de los grandes retos que confronta nuestra clase política. Por eso se requiere que, en la presente campana electoral, los candidatos presidenciales propongan al respecto una solución responsable. Puesto que el desarrollo turístico es la mejor opción de redención para esos lares, el reto de los candidatos es definir una ruta crítica para detonar su desarrollo.
Deberán primero reconocer que ninguna otra actividad económica podría traer los resultados deseados. La agropecuaria no es salida viable (en las provincias de Azua, San Juan de la Maguana, Elías Pina, Bahoruco, Independencia, Barahona y Pedernales) por las sombrías perspectivas que le depara la apertura comercial, aun cuando se multipliquen los invernaderos y se supla mucho crédito. Tampoco podría la minería, a juzgar por las escasas opciones. Solo la explotación turística de sus excepcionales recursos naturales puede responder con rapidez y efectividad.
Los candidatos deben declarar el desarrollo turístico de la región su primera prioridad nacional en materia turística. Esto se justifica no solo porque sea un imperativo moral de la política publica atender de manera preferencial a los segmentos más necesitados de la población. Es también que de perpetuarse la pobreza en la región se entronizarían los desequilibrios económicos que constituyen un lastre para el desarrollo nacional. Ni los problemas coyunturales de Puerto Plata o de Bávaro-Punta Cana, ni la carretera Cibao-Sur ameritarían ese nivel de prioridad.
La otra gran premisa del que quiera abrazar la causa es que el ecoturismo no es el mercado mas apropiado. Debemos ser realistas respecto a la competencia de otros países en ese aspecto y reconocer que, si bien la región posee tesoros importantes en materia de flora y fauna, ninguno de sus atractivos ecoturísticos seria capaz de generar un flujo importante de visitantes extranjeros para detonar el desarrollo turístico de manera efectiva. Además, los ecoturistas viajan en pequeños grupos y exigen niveles de servicios que solo después de mucho tiempo podríamos brindarles. El turismo de sol y playa es la opción más racional.
En consecuencia, el candidato de mayor coraje debe focalizarse en encontrar solución a los problemas de las playas de la región para que puedan tornarse atractivas para los inversionistas. Esto requiere que se seleccionen las playas de las provincias de Pedernales y Barahona que sean explotables y que se determine cuales obras serian necesarias para ponerlas en la mira de los promotores privados. Identificar cuales son esos requisitos seria una tarea fundamental entre las gestiones del futuro presidente electo.
Concentrar el desarrollo hotelero en Cabo Rojo, tal y como lo propusieron la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD, resulta ser la opción más viable para poder explotar el potencial turístico de Bahía de las Águilas. Pero los inversionistas requerirán las obras de infraestructura por parte del Estado (aeropuerto, planta de tratamiento, acueducto, carreteras), amen de que el Estado tendría que resolver el problema que presenta la concesión minera de Ideal Dominicana, la cual compromete esos terrenos.
Por su parte, las playas de Barahona a ser acondicionadas deben incluir a Saladilla, San Rafael, Paraíso y Enriquillo. (Ya existen varios estudios sobre el asunto.) Como la plusvalía de los terrenos colindantes seria considerable, el Estado debe exigir que los propietarios compartan la inversión a ser realizada. Correría a cargo del Estado solamente la pavimentación de caminos de montana que abran el corazón de la provincia a los visitantes y promuevan el turismo inmobiliario.
Un nuevo gobierno debe afrontar dos grandes problemas para materializar esta ruta crítica. El primero tiene que ver con los fondos requeridos por las inversiones en infraestructura y en acondicionamiento de las playas. Se necesitaran unos US$200 millones para hacer un trabajo que garantice la sostenibilidad de los recursos naturales. Para cualquier gobierno la opción siempre esta ahí de acudir a los organismos multilaterales de financiamiento, los cuales garantizan la supervisión. Pero más rápido seria que la Barrick Gold adelante estos recursos de los que tocara el Estado de su explotación minera (unos US$7,000 millones en 25 anos).
El otro gran problema es el de la promoción de las inversiones privadas. Seria un craso error creer que las mismas se materializarían ipso facto si las promesas gubernamentales de participación fueran creíbles. (En el caso de Puerto Plata el Banco Central tuvo que ser el primer inversionista hotelero.) Lo cierto es que playas de mejores condiciones que las citadas abundan en todo Centroamérica y el Caribe, por lo que la competencia por las inversiones es impredecible. Muchas de las cadenas hoteleras ya existentes en nuestro país tienen terrenos sin explotar que las harían reacias a meterse en un territorio cuyas dotes están por verse.
Por tanto, no bastara con que el presidente electo se reúna en la transición con los empresarios españoles y les solicite su participación. Bajo las presentes circunstancias de la inversión hotelera en el Caribe será necesario ir más allá. El Estado tendrá que ofrecer otras concesiones que tengan el efecto de desviar inversión extranjera hacia el suroeste. Y entre las opciones no puede descartarse el otorgamiento de avales al financiamiento, concesiones especiales y/o sociedades de "joint venture".
Siempre será posible que el nuevo ministro del ramo pueda encabezar el esfuerzo gubernamental. Pero lo preferible seria que el nuevo presidente instale en el Palacio Nacional una oficina especial con un profesional capaz a la cabeza que reporte directamente a él. Creada por decreto (como se creo la OPRET para el Metro), esta habrá de desplegar un diligente esfuerzo de promoción de inversiones y tener el acceso presidencial que desbroce el camino entre la endemoniada maraña de intereses burocráticos y particulares que osen obstaculizar.
Al suroeste dominicano le debe haber llegado la hora de su redención económica. Si es cierto que tenemos una clase política que ha madurado lo suficiente como para mantener vivas las formalidades de la democracia política, esta deberá comprender que la redención del suroeste es un imperativo social de igual o mayor trascendencia. Si el desarrollo turístico ha jugado un papel importante en el mantenimiento de la paz social, ahora en el suroeste deberá ayudar a ensanchar sus bases para que la democracia sea realmente para todos.
Juan Lladó
Continuar con Google