Bosch: claves de un golpe

A 50 años del golpe de Estado al gobierno encabezado por Juan Bosch, conviene explorar las claves que condujeron a abortar, tras una herencia de 31 años de dictadura, el primer intento serio por implantar un régimen democrático funcional comprometido con un programa de reformas sociales y económicas fundamentales orientadas a modernizar el país. Cuyo éxito pudo catapultarlo hacia estadios superiores de desarrollo mediante nuevas infraestructuras -hidroeléctricas y canales de riego, acueductos, puertos- y la diversificación de la economía tradicional del postre (azúcar, café, cacao y tabaco) con proyectos de refinería de petróleo, zonas industriales, complejos químicos, explotación minera y aprovechamiento turístico. Impulso a la reforma agraria, programas de vivienda social, salud pública y educación, incluyendo un innovador plan de alfabetización masiva empleando radios portátiles, a cargo del controversial rumano americano Sacha Volman. Objetivos alcanzados trabajosamente a lo largo de medio siglo.

Para ello nos proponemos analizar esta experiencia en una miniserie que examine este experimento de reformas democráticas que provocó estrategias contradictorias cruzadas entre los actores protagónicos del proceso (partidos, empresarios, gremios, iglesia, militares, medios de comunicación), más propensos a la confrontación que a la cooperación y los acuerdos. En medio del recrudecimiento de la Guerra Fría en el Caribe hegemonizado por EEUU a raíz de la Revolución Cubana, su curso socialista y la alineación con la URSS -cuyo clímax sería la Crisis de Octubre del 62 al detectarse misiles soviéticos emplazados en Cuba. Razón eficiente de la Alianza para el Progreso impulsada por Kennedy desde 1961 como alternativa al cambio revolucionario en Latinoamérica.

La geopolítica gravitaría en nuestra incipiente democracia, constriñéndola. Para Washington, la escasa cultura democrática, la inestabilidad y las presiones sociales, nos hacían vulnerables "a un golpe castrista o comunista" alentado por Cuba -base de las pasadas expediciones libertarias de junio del 59. En momentos en que grupos radicales de izquierda buscaban derrocar a Betancourt en Venezuela.

El factor geopolítico se sintió tras el atentado a Betancourt con las sanciones impuestas al régimen de Trujillo por la OEA en agosto de 1960, aislándolo en el hemisferio. En el ajusticiamiento del 30 de mayo del 61, nos afectó semanas antes el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos del 17 de abril, organizada por la CIA. En los planes de contingencia de EEUU, esta operación era parte de un esquema más amplio para derrocar el régimen cubano, el dominicano y colateralmente el haitiano, pautado por el equipo de gestión de política de exterior de Kennedy. Este revés incidió en el plan magnicida, pese a que el involucramiento norteamericano y la dinámica interna del complot para liquidar a Trujillo ya se hallaban sobre ruedas. Al grado que Henry Dearborn -a cargo de la embajada Americana desde agosto de 1960 en calidad de cónsul y jefe de estación de facto de la CIA- confesó en un panel de TV que no podía disuadir a los complotados a detener la operación, como fuera instruido por sus superiores en Washington. Ejecutándose, con saldo trágico, sin mediar auxilio para salvar sus vidas y ejecutar el plan político.

En este contexto gravitó el temor a una segunda Cuba, centro focal de la política norteamericana hacia la región. Las propias elecciones dominicanas del 20 de diciembre del 62 estuvieron precedidas por la Crisis de los Misiles de octubre. El evento más traumático, desde el punto de vista de seguridad nacional de EEUU, de la Guerra Fría (1947-90). Nunca antes se estuvo tan cerca de una conflagración nuclear con el territorio norteamericano amenazado, a tan sólo 90 millas de alcance de los misiles soviéticos en Cuba. El shock que eso representó en el sistema político y en la opinión pública norteamericana fue decisivamente negativo para el desarrollo político en la República Dominicana. Condicionando fatalmente dicha atmósfera la suerte del experimento democrático del 63. Y abriendo en la región una etapa signada por los golpes de Estado y la entronización de regímenes autoritarios.

En lo formal, el programa del gobierno encabezado por Bosch calzaba plenamente con los lineamientos de la Alianza para el Progreso: cambios democráticos, reforma agraria, política de vivienda, desarrollo económico, diversificación productiva. O sea, modernización y promoción social. Sin embargo, la impronta geopolítica y la dinámica pugnaz de los actores internos determinarían la frustración de esta experiencia democrática.

Juan Bosch ganó abrumadoramente las elecciones del 20 de diciembre del 62 con casi un 60% de la votación del PRD frente a un 30% de Unión Cívica Nacional -el partido conservador que surgió del frente interno antitrujillista y capitaneó la transición tras la muerte del dictador, dominando políticamente el Consejo de Estado que organizó los comicios con apoyo de la OEA. Un restante 10% se distribuyó entre partidos más pequeños: el ideologizado Revolucionario Social Cristiano (5%), con incidencia entre profesionales, el movimiento estudiantil y los sindicatos; el Nacionalista Revolucionario Democrático (3%) del general Ramírez Alcántara, que obtuvo la senaduría por San Juan de la Maguana; la doctrinaria Alianza Social Demócrata (1.7%) del Dr. Jimenes Grullón; y el PRDA (0.12%), un minúsculo desprendimiento del PRD. De suerte que el PRD dominaba en el Congreso, los ayuntamientos y la rama ejecutiva, razón del término "Aplanadora" usado por sus adversarios para graficar su mayoría.

Antes de asumir Bosch la presidencia el 27 de febrero de 1963 y durante sus primeros meses de gestión, se realizaron los trabajos de la Asamblea Revisora, iniciados el 1ro de febrero y finalizados el 20 de abril. Cuyas líneas maestras, plasmadas en la nueva Constitución promulgada el 29 de abril, marcarían su administración, prefigurando focos de conflicto con sectores claves para garantizar la gobernabilidad. Previo a los trabajos de la Asamblea, El Caribe publicó un borrador del proyecto de reforma constitucional, generándose reacciones adversas entre los poderes fácticos. Tal el caso del tratamiento al latifundio y al minifundio, al tema de la propiedad y las expropiaciones, que motivó el pronunciamiento inmediato de las asociaciones empresariales -hacendados y agricultores, industriales, Cámara de Comercio y Producción, Confederación Patronal y Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Que reaccionaron ante un proyecto que Bosch, en su momento, consideró tímido al compararlo con la Constitución de Cuba de 1940, la cual conocía en sus alcances sociales y económicos progresistas.

La Iglesia se manifestó sobre el tratamiento concedido al Concordato que desde Trujillo regulaba sus relaciones con el Estado, al no mencionársele en el proyecto, preocupada por el matrimonio canónico y la unión libre, así como la enseñanza en materia religiosa. Sacerdotes y obispos afirmaron que esa Constitución violentaba "las leyes de Dios y de la Iglesia", amenazando sus fueros. Abriéndose un serio conflicto, con pronunciamientos y movilización de colegiales católicos hacia el recinto del Congreso. En una profundización de las diferencias entre el clero y Bosch, secuela del cargo de filo comunista que se le hiciese y que condujo al dramático debate televisivo con el jesuita Láutico García a pocas horas de los comicios. Era evidente que la Iglesia Católica no se sentía representada por la nueva Constitución, a cuya promulgación no acudió.

Otro tópico fue la materia sindical. Durante el Consejo de Estado surgieron múltiples confederaciones que compitieron para controlar el movimiento sindical, vía la constitución de sindicatos y la obtención de ayuda internacional (de la democracia cristiana internacional a través de la Konrad Adenauer de Alemania, de la embajada de EEUU y la ORIT para el "sindicalismo libre y democrático"). El financiamiento abundaba porque éramos un punto de interés en la geopolítica del Caribe. Bosch y Miolán (quien trabajó en México con Lombardo Toledano, secretario general de la Central de Trabajadores de América Latina) plantearon siempre la conveniencia de establecer un solo sindicato por empresa, en momentos en que proliferaban los sindicatos paralelos. Las confederaciones FOUPSA y CESITRADO, fusionadas a instancias del PRD, la socialcristiana CASC, FOUPSA LIBRE luego CONATRAL, apoyada por la embajada Americana, competían entre sí para formar sindicatos en una misma empresa, así como en los ingenios azucareros por ramas de actividad y por oficios.

De este modo, el paralelismo sindical se sintió amenazado por el canon de la Constitución que reconocía oficialmente un solo sindicato integrado en forma mayoritaria. Se garantizaba la libertad sindical y oficiosamente podían operar varios sindicatos, pero para fines de relaciones contractuales válidas el Estado sólo reconocería el de afiliación mayoritaria. En sus pedagógicas charlas radiales previo a su llegada al gobierno, Bosch solía hablar de la conveniencia de una central única de trabajadores, a la manera de la que existía en México y en la Cuba en la cual vivió como exiliado, ejemplificando con la fusión de las dos grandes confederaciones norteamericanas en una sola, la AFL-CIO, para así fortalecer la fuerza negociadora de los trabajadores frente a los patronos. Lo cual era como mostrar la cruz al diablo, para entidades sindicales altamente ideologizadas y con un financiamiento internacional fuerte que estimulaba la fragmentación.

De esta manera, la hoy celebrada Constitución del 63, antes de que Bosch asumiera la presidencia el 27 de febrero, ya le traía dolores de cabeza, dada la divulgación previa hecha por El Caribe del borrador del proyecto de reforma, a principios de enero. Desatando los demonios del disenso y motivando la sabia y discreta asesoría del liberal juez supremo norteamericano William O. Douglas.

Diario Libre