Limbo de Pro Competencia

La designación de una nueva presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, quien no ha perdido tiempo en poner su sello sobre el personal de la institución, crea de nuevo la expectativa de que podría estar cerca el arranque efectivo de sus funciones. Aunque designaciones anteriores no condujeron a que eso sucediera, no se pierde la esperanza de que en algún momento ocurrirá.

Pro Competencia, como se conoce al organismo, puede decir que no ha estado ociosa desde su creación hace ocho años. Tiene personal, lo que no es extraño dada la intensa vocación de crear empleos que exhibe el sector público. Pero también ha estado elaborando procedimientos, recabando informaciones, efectuando estudios, preparando guías y promoviendo el conocimiento público de los asuntos a su cargo. Que esos trabajos justifiquen el costo en que el Estado ha incurrido para mantener esa entidad, puede ser, sin embargo, discutible.

Pero sin un reglamento complementario de la ley que la creó, y sin una figura ejecutiva a cargo de su operación, Pro Competencia continúa en su limbo existencial sin incidir sobre las situaciones restrictivas que abundan en nuestra economía.

Las disposiciones a favor de la competencia tienen un cierto parecido al pago de impuestos. En ambos casos se suele estar de acuerdo con ellos siempre que sea otro el que las cumpla o los pague.

Aparte de esa renuencia, la tarea se complica en una economía pequeña como la nuestra, donde no es difícil arribar a una posición dominante en muchos sectores importantes. Por supuesto, lo fundamental es determinar si existen o no comportamientos dirigidos a limitar el acceso a competidores, a ahogarlos con prácticas abusivas, o acordar con ellos el reparto del mercado y la fijación de precios. Si los hay, deberán aplicarse las medidas de lugar para corregirlas, y estar en condiciones de aguantar las protestas y presiones que vendrán luego.

Gustavo Volmar